“Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, fue lo primero que dijo el fiscal Diego Luciani cuando inició hace dos semanas los alegatos en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
Su planteo anticipó lo que ocurrirá este lunes cuando concluyan las audiencias del Ministerio Público Fiscal: un pedido de condena en duros términos contra la vicepresidenta señalada como jefa de una asociación ilícita, responsable de la defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. De todos esos delitos, encuentran responsable a Cristina Kirchner.
Los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se desarrollaron durante nueve jornadas, la última será este lunes desde las 8.30, ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Después de analizar la conducta penal de todos los imputados, el Ministerio Público Fiscal realizará su pedido de condena.
El mismo se sustenta en los argumentos expuestos durante todas las audiencias, donde se analizaron los 51 contratos viales que ganó el Grupo Austral por 46.000 millones de pesos argentinos (más de 30 millones de dólares). Hay dos números que desentrañó la fiscalía al respecto: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones, su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
“Estamos convencidos que los hechos ocurrieron tal y como los explicamos. Fueron doce años de arbitrariedades, de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años, instalaron un sistema coordinado y sistemático de corrupción”, dijo en su anteúltima audiencia el fiscal Luciani.
Se remarcó un concepto durante las audiencias, el de una “corrupción estatal” y bajo ese concepto, el fiscal entendió que corresponde aplicar la figura de asociación ilícita.
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