La Fiscalía de Bolivia anunció este jueves que llamará a declarar al presidente Luis Arce como parte del proceso penal en el que se investiga el alzamiento militar del 26 de junio, que el Gobierno del país andino calificó como «intento de golpe» de Estado.
EFE
«Dentro de esta investigación se ha solicitado la declaración del presidente de Estado y de otras autoridades que estuvieron presentes en ese momento», afirmó el fiscal general del Estado boliviano, Juan Lanchipa, en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia y sede del Órgano Judicial.
Un grupo de militares liderados por el destituido comandante del Ejército Juan José Zuñiga tomó el 26 de junio por unas horas la sede presidencial de La Paz, lo que fue calificado por el Gobierno de Arce como un «intento de golpe de Estado».
Lanchipa señaló que el hecho se investiga por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, «por las acciones que han desarrollado estos militares y otras personas».
Este jueves, algunos ministros de Arce declararon ante la Fiscalía, informó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, sin dar más detalles.
“La autoridades políticas ya hemos declarado. Ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Yo ya lo hice, lo han hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo, ya han prestado sus declaraciones correspondientes”, precisó Del Castillo, según medios locales.
El día del alzamiento militar, todos los ministros estaban con el mandatario Arce en la sede del Ejecutivo llamada la Casa Grande del Pueblo y fueron testigos de lo que sucedió minutos antes y después de la llegada de Zuñiga.
Para la declaración informativa del mandatario boliviano todavía no se tiene fecha, pero se prevé que sea los siguientes días dentro de la etapa preparatoria del proceso.
Desde el 26 de junio hasta la fecha son 27 personas que son investigadas por la toma militar, precisó el fiscal general, de las cuales al menos una decena cumple prisión preventiva en diferentes cárceles y el resto se benefició con arresto domiciliario.
Horas después del «intento de golpe» del 26 de junio, Zuñiga fue detenido en el Estado Mayor del Ejército, donde llegó después de haberse replegado de la Plaza Murillo con tanques y otros militares. Ahora está recluido preventivamente en una cárcel en el centro del país.
Durante su aprehensión, Zuñiga acusó a Arce de haber ordenado la acción militar para «levantar su popularidad».
La oposición y el expresidente Evo Morales (2006-2019), que está distanciado del Ejecutivo, coincidieron por separado en que fue un «autogolpe», mientras que el Gobierno de Arce insiste en que fue un «golpe de Estado fallido».
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