La Fiscalía de Perú investiga las muertes de dos jóvenes estudiantes en el contexto de «graves violaciones a los derechos humanos» durante la represión que lanzó la Policía este sábado en Lima contra las masivas manifestaciones en rechazo al Gobierno que presidió Manuel Merino.
EFE
El Ministerio Público informó que abrió una investigación «en contra de los que resulten responsables del delito de homicidio en agravio de Inti Sotelo y Jack Pintado y otros, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos».
Sotelo y Pintado, de 24 y 22 años, respectivamente, eran dos jóvenes universitarios que participaban en las manifestaciones contra el Gobierno de Merino que fueron reprimidas por la policía con disparos de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones.
Una investigación por violación a los derechos humanos abre la posibilidad en Perú de que un fiscal denuncie una «cadena de mando» en la represión que causó las muertes, que puede llegar hasta el propio presidente, sus ministros y los jefes policiales.
FISCALES INVESTIGAN
Sotelo recibió cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, mientras que Pintado murió «por múltiples orificios en rostro y cara por proyectil de arma de fuego», según el parte médico.
La investigación ha sido encargada a la Tercera Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Terrorismo y Derechos Humanos que, según agregó, también abrirá investigaciones por lesiones graves y leves en agravio de los heridos durante la manifestación «y en torno a los casos de desaparecidos en la movilización social».
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó este domingo que la represión policial del sábado también dejó 114 heridos y 41 desaparecidos, que están siendo intensamente buscados por sus familiares, organismos civiles y congresistas sin que la policía de cuenta de ellos hasta el momento.
INVESTIGACIÓN RÁPIDA
La Fiscalía lamentó los fallecimientos y la violencia desatada contra los manifestantes y garantizó que la investigación se llevará «con la transparencia, objetividad y celeridad» que corresponde.
Destinó, por ese motivo, a las fiscales Lesly Carmona, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima, con el apoyo de los médicos legistas y peritos del Ministerio Público.
Por su parte, el fiscal supremo Pablo Sánchez lamentó las «muertes innecesarias» de «jóvenes que solo expresaban su derecho a protestar» y remarcó que la investigación del Ministerio Público «debe ser rápida, caiga quien caiga», porque tiene la obligación de «garantizar un Estado de Derecho» en su país.
CONDENA DE LA CIDH
La durísima represión lanzada por la policía antidisturbios contra manifestantes que en su gran mayoría protestaban pacíficamente, también generó el rechazo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La CIDH condenó en Twitter la muerte de los dos jóvenes peruanos «durante acciones de represión estatal a las protestas multitudinarias» y exigió «investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades».
El organismo también advirtió «que no se cuenta con información precisa» sobre el total de heridos, ya que los datos oficiales solo proceden de centros de salud estatales, y que tampoco se conoce el número de detenidos en la jornada, por lo que se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo peruana para que se ofrezca esa lista.
RENUNCIA IRREVOCABLE
Tras el saldo trágico de la represión, y ante la demanda generalizada del país, Manuel Merino anunció este domingo su dimisión «irrevocable» a la Presidencia e instó a la «paz y la unidad» en su país.
Merino comunicó su renuncia minutos después de que el Congreso lo exhortara a dejar el cargo mientras convocaba a un pleno extraordinario que este domingo buscará encontrar una salida constitucional a la crisis y hallar un sucesor al presidente.
El anuncio fue recibido con algarabía y aplausos en las calles, donde miles de ciudadanos proseguían con las protestas para pedir la salida de Merino, quien asumió el Ejecutivo después de que el Parlamento destituyera el lunes pasado a Martín Vizcarra, en una maniobra cuya legitimidad fue ampliamente cuestionada.
Tras conocerse la dimisión de Merino, Vizcarra lo calificó de «dictadorzuelo» y pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie rápidamente sobre el motivo que llevó a su propia destitución y dio a entender que estaría dispuesto a regresar al poder si este organismo o el Congreso así lo deciden.
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