Los habitantes de Florida, en el sureste de Estados Unidos, podrán decidir en las elecciones de noviembre si amplían o no el plazo legal para abortar, después de que la Corte Suprema estatal permitiera este lunes la celebración de un referéndum sobre este asunto.
AFP
En otra decisión, el alto tribunal permitió sin embargo la entrada en vigor de la prohibición de abortar después de seis semanas de gestación, al considerar que unas normas locales sobre privacidad no afectaban a la interrupción voluntaria del embarazo.
Estas dos medidas dejan en manos de los votantes el futuro del aborto en Florida, casi dos años después de que la Corte Suprema estadounidense anulara el fallo «Roe v. Wade», que garantizaba a nivel federal el derecho a la interrupción del embarazo.
En los comicios de noviembre, los floridanos podrán votar si incluyen o no en su Constitución una enmienda que asegura que «ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad», que se sitúa a menudo en torno a las 24 semanas de gestación.
Para que el texto entre en vigor, deberá contar con un 60% de votos a favor.
El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, impulsó dos leyes para rebajar el plazo legal del aborto en Florida: primero de 24 a 15 semanas de embarazo y luego hasta las seis semanas, sin excepciones por violación ni incesto.
Desde la anulación de «Roe v. Wade», unos 20 estados han prohibido o restringido este derecho en Estados Unidos.
El asunto se ha convertido en un importante tema de campaña a pocos meses de las elecciones de noviembre. Y los demócratas del presidente Joe Biden, defensores del derecho a abortar, recuerdan a menudo que, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses se oponen a una prohibición federal.
«El gobierno no debe interferir en las decisiones médicas personales que deberían tomarse entre los floridanos y sus médicos», declaró Lauren Brenzel, la directora de la campaña por llevar la enmienda a votación, tras conocer la decisión de la Corte Suprema estatal.
Esta iniciativa, promovida por un grupo de asociaciones bajo el nombre Floridanos Protegiendo la Libertad, logró cerca de un millón de firmas para llevar el texto legal a las próximas elecciones.
Pero la fiscal general de Florida intentó que la Corte Suprema invalidara la propuesta alegando, entre otras cosas, que la palabra «viabilidad» no era bastante clara. Un argumento rechazado este lunes por el alto tribunal.
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