La candidata peruana Keiko Fujimori presentó este martes un recurso de hábeas data al Poder Judicial a fin de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue las listas de electores para «verificar» las presuntas irregularidades que su partido denunció ante los jurados electorales.
EFE
Fujimori compartió en las redes sociales el recurso interpuesto en el Undécimo Juzgado Constitucional de Lima, donde la agrupación fujimorista Fuerza Popular solicita que el juez ordene a la ONPE una copia de las listas de electores por mesa de sufragio suscritas y utilizadas en la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio.
Con esta nueva ofensiva legal, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) busca encontrar pruebas que sustenten el supuesto fraude electoral que viene denunciando desde que en la noche electoral comenzó a ser patente que iba a perder el balotaje frente al izquierdista Pedro Castillo.
«Es el derecho de millones de peruanos acceder a la lista de electores por mesa de sufragio para verificar todas las irregularidades que hemos denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)», escribió en Twitter la candidata derechista.
«REUNIR PRUEBAS»
En concreto, el recurso, firmado por el abogado Domingo García Belaunde, pide que de forma «extremadamente urgente» se solicite al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, una «copia certificada y en CD» de las listas electorales usadas tanto a nivel municipal, como provincial, regional y en el extranjero.
El objetivo, según el texto, es «reunir las pruebas de las posibles irregularidades en la digitación de las actas», un requisito de «capital importancia» para «conocer la verdad y el sentido real de la expresión popular materializada en las últimas elecciones presidenciales».
El documento aduce que se habrían cometido irregularidades en la propia ONPE «al momento de procesar las actas electorales y derivarlas a los Jurados Electorales Especiales» y, en repetidas ocasiones, insiste en que durante los comicios hubo actos irregulares en las mesas de sufragio.
«Un número elevado de actas de votación han sido objeto de falsificación de firmas, suplantación de electores en sus mesas de votación, observación de actas sin fundamento formal y material, así como la adulteración de los resultados finales en las actas de sufragio», asegura el hábeas data.
En el requerimiento judicial, Fuerza Popular sostiene que es de «imperiosa necesidad» que el JNE tenga a mano las listas electorales al momento de resolver las apelaciones que presentó el partido fujimorista, luego de que todos sus recursos para anular actas electorales hayan sido desestimados o rechazados en primera instancia.
CONFLICTO DE PROTECCIÓN DE DATOS
Sin embargo, el abogado Crisólogo Cácares, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) , consideró que el habeas data será desestimado porque las listas de sufragio contienen las firmas y huellas dactilares de quienes votaron, y «la Ley de Datos Personales impide a las autoridades entregar información que afecte la intimidad personal».
Cuando el agónico conteo de votos ya daba una victoria casi irreversible del candidato izquierdista Pedro Castillo, Fuerza Popular solicitó la anulación de más de 200.000 votos de zonas andinas, pobres y rurales donde ganó ampliamente su rival, al considerar, sin medios probatorios, que han sido objeto de fraude.
Al 100 % de los votos contabilizados, Castillo es el virtual presidente electo al haber superado a la candidata derechista por apenas 44.000 votos, con el 50,12 % de las preferencias.
Todos los recursos de Fujimori para anular actas electorales ya han sido desestimados o rechazados en primera instancia por los jurados electorales, pero ahora está apelando en segunda instancia al JNE, el máximo órgano electoral de Perú.
Cabe destacar que todas las misiones internacionales de observación electoral como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) descartaron que haya habido un fraude en este proceso electoral.
En ese mismo sentido se pronunció este lunes la Defensoría del Pueblo, mientras también que la encuestadora Ipsos aseguró que no existen evidencias de fraude tras realizar un exhaustivo análisis de todas las actas electorales.
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