El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, compareció este jueves en la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por la destitución del anterior ministro del Interior, Mariano González, quien acusó al presidente del país de «obstruir a la justicia».
EFE
«El presidente de la República no está ejerciendo ninguna obstrucción en cuanto a la comisión especial (de la Policía) que se nombró a petición de la fiscal (Marita Barreto), nadie ha obstaculizado esa comisión, nadie ha dicho que se va a deshacer esa comisión, incluso en la conferencia hemos dicho claramente que esa comisión debe ser reforzada», dijo Torres respecto a las acusaciones del exministro González.
Señaló que no se van a encontrar pruebas de que Castillo haya cometido este delito de obstrucción a la justicia porque «no las hay».
El pasado martes, el mandatario de Perú, Pedro Castillo, anunció por sorpresa el despido de González, quien pocas horas después declaró a los medios que el mandatario está comprometido con «actos de corrupción» y que obstruye a la justicia.
La presunta obstrucción del jefe de Estado estaría encaminada a impedir la búsqueda y captura de los principales imputados en la investigación abierta contra Castillo por supuesta organización criminal.
Las acusaciones de González provocaron que el Congreso citara este jueves al exministro y a Torres para que den explicaciones sobre lo ocurrido.
González dijo que Castillo le había apartado del poder por la conformación de un equipo especial de la Policía Nacional para acompañar a una unidad creada recientemente por la fiscalía, que investiga delitos de corrupción entre funcionarios.
Pero Torres afirmó frente a la Comisión que la razón no fue esa, de hecho, anunció que la citada unidad policial será reforzada, si no que la causa del despido fue que González no tenía como prioridad luchar contra la inseguridad ciudadana.
«Había un problema grave con el ministro del Interior, quien no dio respuestas satisfactorias. A lo que acordamos realizar un consejo extraordinario dedicado exclusivamente a la inseguridad ciudadana, se realizó y él insistió en que no hay inseguridad ciudadana y que ésta es solo una percepción», dijo Torres.
Explicó que González, que ejerció como ministro dos semanas, «no tuvo la menor intención de materializar el decreto de emergencia» decretado en Lima, Callao y Trujillo precisamente por la inseguridad ciudadana.
Torres relató que el ver que el ya exministro no tenía esta voluntad de luchar contra esta lacra, que es una «prioridad para la población peruana», comunicó a Castillo su postura contraria a que González siguiera ejerciendo su puesto.
En su lugar, el abogado Willy Huerta, con 35 años de experiencia dentro del cuerpo policial, fue elegido y designado como nuevo ministro del Interior este martes.
González, que también acudió al Congreso, reiteró sus previas acusaciones contra Castillo y dijo que el equipo policial que conformó estaba muy cerca de encontrar a los prófugos de la justicia, investigados en el marco de una presunta red criminal enquistada en el ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Las declaraciones de González han provocado que la Fiscalía de la Nación abra una investigación preliminar contra Castillo, acusándole de presuntos delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, según anunció el Ministerio Público en Twitter este jueves.
Esta investigación preliminar se suma a las otras tres que Castillo tiene abiertas, una por presuntos delitos de esta organización criminal y tráfico de influencias en torno a contrataciones ilícitas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, otra por supuestas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y la última por el presunto plagio de su tesis de maestría.
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