Decenas de funcionarios de Antigua y Barbuda se manifestaron este lunes frente a la oficina del primer ministro del país, Gaston Browne, en protesta ante la decisión gubernamental, que describen como «dictatorial», que los obliga a vacunarse contra la covid-19.
EFE
Los manifestantes, quienes gritaban «Browne es un dictador» -porque presuntamente sus políticas «están en contra de sus derechos humanos»– urgen al Gobierno a repensar su decisión oficial y sanitaria de vacunarse o realizarse la prueba PCR cada 14 días.
La protesta de los funcionarios surgió después de que el jueves pasado, el gabinete de Browne se reuniera y decidiera que a los empleados públicos que se rehusaran a pagar por las pruebas PCR dos veces al mes, se les obligará a quedarse en sus residencias y sin paga.
Browne, por su parte, dijo durante el fin de semana que su administración actuará por la seguridad de todos los funcionarios.
Igualmente, reconoció que su decisión le provocaría consecuencias políticas, pero que estaba preparado para ello.
Ante esta situación, dijo que su decisión sería un riesgo que tenía que tomar por el bien del país, insistiendo en que las difíciles decisiones tenían que tomarse por la salud y el bien económico de los ciudadanos.
Por su parte, el jefe del equipo de trabajo de Browne, Lionel Hurst, detalló que al menos 30.000 personas en Antigua y Barbuda no se habían vacunado, mientras el Gobierno se moviliza rápidamente para lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible.
«El Gobierno de Antigua y Barbuda invita a todo residente y ciudadano a vacunarse. Aún restan 30.000 personas en hacerlo, afectando así el turismo y otros sectores del país, mientras otras personas han tenido que ser hospitalizadas o hasta han muerto por el virus», expresó.
Hurst, a su vez, aseguró que la vacuna no provoca ningún daño al cuerpo, sino presuntos «peligros inimaginables» que entonces hacen que las personas desistan de vacunarse.
En esta misma línea, el Congreso Sindical de Antigua y Barbuda se reunirá este lunes con sus asociados, entre ellos, la Asociación de Servicio Público de Antigua y Barbuda (ABPSA, en inglés), para discutir la situación.
Hurst, por su parte, afirmó que la ABSPA no ha cooperado en impulsar a las personas a vacunarse, alegando que «se ha demostrado ser negativo en consultar cualquier duda con el Gobierno».
«Ellos reclaman que nosotros no los hemos comprometido con la causa, pero nosotros sí hemos tratado en acercarlos a la discusión», dijo.
«A consecuencia de ello, ellos no han sido capaces en mencionar alguna falla de nuestra parte, sino que han sido hostiles en contra del partido en el poder -Partido Laborista de Antigua- y Browne», agregó.
Hurst, asimismo, urgió a las personas a vacunarse, pues de esta manera no afectan el turismo.
Hasta el lunes, 43 personas han muerto por la covid-19 y 1.428 personas se han infectado con el virus en Antigua y Barbuda desde que se reportó el primer caso en marzo del año pasado.
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