El Gobierno de Chile ha decidido ampliar las medidas para mejorar la efectividad de las expulsiones de migrantes irregulares, introduciendo “tanto modificaciones de tipo administrativo como nuevos cambios en la legislación”, anunció anoche el Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
Por Infobae
En un breve comunicado sin apenas detalles, la cartera reveló que se decidió, asimismo, “reforzar las estrategias en curso para enfrentar el nuevo tipo de criminalidad que existe en Chile, caracterizada por mayores grados de violencia”.
“Las medidas, trabajadas en conjunto con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), incluyen las siguientes fases de acción: Control Territorial, Control Migratorio y Expulsión”.
En primer lugar, se implementa, además “un plan operativo de intervención territorial, a partir de una presencia policial reforzada, para frenar los delitos violentos y el uso de armas de fuego”, agrega.
De acuerdo con el documento, esta nueva política “es un complemento del plan Calles Sin Violencia, que ha tenido un impacto relevante para enfrentar los homicidios, cuyo objetivo es frenar la tendencia al alza de este tipo de delitos en los últimos años”.
“El gobierno está y seguirá tomando todas las medidas que se requieran, en el corto y largo plazo, para frenar este nuevo tipo de criminalidad en Chile y garantizar el derecho a la seguridad de todas y todos los chilenos”, señaló el texto.
Chile ha experimentado en los últimos cuatro años un aumento de los delitos violentos que ha trasladado una creciente percepción de inseguridad en la población y que se ha convertido en un herramienta del polarizado debate político pese a que todavía es uno de los países más seguros de Latinoamérica.
Se agrava la crisis migratoria de los venezolanos
Al menos 7,7 millones de venezolanos viven fuera de su país y el 84% de ellos lo hace en América Latina y el Caribe. Si bien el pico de salida del país ya pasó, la región atraviesa este año una réplica muy fuerte del terremoto migratorio que comenzó en 2015.
Ahora los desplazamientos se dan entre países de la región y hacia Estados Unidos, en busca de oportunidades en lugares diferentes al primer destino, donde en muchos casos también sintieron la violencia, el desempleo y la xenofobia.
Según un nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), los desplazados se han ido principalmente a Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Brasil.
Las razones son políticas, económicas y de derechos humanos, tales como hiperinflación, desabastecimiento, violencia y represión por parte de la dictadura de Nicolás Maduro.
La llegada masiva de venezolanos también ha representado un desafío para las naciones receptoras.
“Los Estados deben tomar medidas para promover la integración social y la resiliencia de las personas venezolanas, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social”, señaló el informe de la CIDH.
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