El Gobierno ha salido al paso de la demanda de medidas preventivas frente a la epidemia de coronavirus por parte de sindicatos y empresas con una guía de actuación en la que les pide que paralicen la actividad laboral si existe riesgo de contagio por esta enfermedad en el centro de trabajo.
Empresarios y sindicatos quieren aclarar con el Gobierno cuáles son los pasos que deberían dar las empresas para afrontar la crisis del coronavirus en los espacios de trabajo de toda España, sean oficinas, medios de transporte, locales de ocio o servicios a terceros. UGT y CCOO y CEOE han pedido esta mañana al Ministerio de Trabajo que les convoque a una mesa para tratar de qué manera se traducen a la actividad laboral las instrucciones sanitarias para atajar la epidemia, fundamentalmente las bajas y los despidos temporales.
La responsable de relaciones laborales de CEOE, Rosa Santos, ha indicado ya que ayer solicitó al Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz que convoque a los agentes sociales para tratar sobre «mecanismos que se apliquen con rapidez para las empresas y los trabajadores que suspenden su actividad sin añadir un coste que podría poner peligro la continuidad de la empresa«.
Por su parte, UGT también se ha coordinado con CCOO para instar al Gobierno a adoptar las medidas de contención necesarias para frenar el contagio del virus y a gestionar adecuadamente los efectos de esta situación a la hora de vertebrar las medidas.
Aunque el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, adelantó ayer que su departamento trabaja en medidas compensatorias para la aplicación de bajas y despidos temporales por motivo de la epidemia, sindicatos y empresarios apremian para tenerlas listas. En ambos casos, se subraya, que se trata de una petición que está lejos del alarmismo.
Sin embargo, con cuarentenas preventivas de 14 días como norma para detener la expansión del coronavirus, sí existe premura por aclarar en qué condiciones se producirían esas bajas y despidos temporales. Está por definir si las bajas, por ejemplo, serían enfermedad común o contingencia profesional. O si los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) que ya tienen preparadas algunas empresas deberían tener una causa específica ligada al coronavirus.
Con la salud como prioridad, en todos los casos, el fundamento de estas dudas es económico ya que, por ejemplo, los tres primeros días de una baja por enfermedad común corren a cargo del trabajador para pasar después a pagar la empresa hasta el día 15 de la baja. Si esa misma baja se produce por una contingencia profesional, el coste correría a cargo de la empresa desde el primer día. También en los ERTES se produce la duda de si la prestación por desempleo en el periodo de baja consume los derechos acumulados por el trabajador.
«Estamos muy preocupados por los efectos indirectos de esta crisis en el empleo. En el caso de que una empresa afectada por la falta de piezas y suministros decida parar la producción, ya tenemos noticias de que prepararán expedientes de regulación temporal de empleo. Eso supondrá que los trabajadores y trabajadoras tendrán que consumir sus prestaciones por desempleo. Creemos que la administración debe crear un fondo de compensación que cubra el coste y que los trabajadores afectados mantengan el contador a cero del consumo del desempleo», explican en UGT.
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