El ministerio de Defensa designó este sábado al general José Luis Reátegui Aching como nuevo jefe de la Casa Militar del Despacho Presidencial de Perú, en reemplazo de Miguel Kuan Garay, una semana después de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte durante una visita a Ayacucho.
La designación de Reátegui se hizo a través de una resolución suprema publicada en la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano, con la firma de Boluarte y del titular de Defensa, Jorge Chávez.
Reátegui había sido nombrado el pasado 12 de enero en otra división del Ejército, motivo por el cual en la norma se aprobó su reasignación por necesidad del servicio.
Su nombramiento tiene el visado de la Comandancia General del Ejército del Perú, de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa y de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa.
Este cambio se produce, asimismo, días después de la remoción del comandante general de la Policía Nacional Jorge Angulo por el incidente sufrido por Boluarte en Ayacucho por parte de familiares de fallecidos en las protestas antigubernamentales del año pasado en esa región.
La jefa de Estado fue agredida y zarandeada por Ruth Bárcena, quien logró burlar las medidas de seguridad y llegó hasta ella durante una visita que realizó el pasado sábado a la región surandina de Ayacucho, donde murieron diez personas durante dichas marchas.
A pesar de la gran cantidad de agentes de seguridad y miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP), Bárcena llegó hasta la presidenta, a la que zarandeó durante unos segundos, hasta que intervinieron los guardias de seguridad, y arrestaron a la agresora.
Posteriormente, el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación a Bárcena por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones de la mandataria.
Sin embargo, Boluarte, pidió el jueves a la Fiscalía que cierre la investigación iniciada contra Bárcena porque esta pesquisa podría «inspirar una inexistente relación entre víctima y victimarios», señaló en una carta enviada a la fiscalía de Huamanga, Ayacucho.
«El acto objeto de esta investigación podría inspirarse en una inexistente relación de víctima y victimarios que se soporta en la deficiente instalación y conducción de la investigación fiscal sobre ese triste periodo para el Perú», señaló en referencia a las 49 muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de finales del 2022 e inicios de 2023.
También lamentó profundamente que no se haya llevado a cabo una investigación rigurosa y completa, «incluyendo a los provocadores de la violencia, antes de reproducir las imputaciones mediáticas que ponen en riesgo al agredido, al propio agresor y al sistema democrático», dijo Boluarte sobre las protestas. EFE
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