Dos leyes que ni siquiera se están cumpliendo a cabalidad, son usadas por Pedro Sánchez y la cúpula socialista española para entorpecer la investigación sobre la ilegal visita de Delcy Rodríguez a Madrid.
Mientras muchos buscan respuestas y explicaciones sobre la reunión de la vicepresidenta del régimen chavista con el ministro José Luis Ábalos, en España los ministerios de Transporte y Asuntos Exteriores tratan de tapar a toda costa toda la información que lleve a esclarecer el ‘Delcygate’, según publica el medio ABC.
Los permisos de sobrevuelo y los planes de vuelo de la aeronave que trasladó a Delcy Rodríguez a España son, ahora, información clasificada.
Estos documentos, guardados como si se tratara de un secreto de Estado, pueden explicar entre otras cosas, quien emitió la autorización de ingreso a España del avión con matrículas TC-AKE, a pesar de estar en vigencia las sanciones europeas que impiden la entrada a cualquier territorio parte de la Unión Europea, de algunos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, dentro de los que destaca, obviamente Delcy Rodríguez.
La publicación de estos documentos también diría si el Gobierno de Pedro Sánchez sabía quién volaba en la aeronave, si la vicepresidenta bolivariana realizó más de un viaje a España anteriormente o la motivación del desplazamiento concreto en el que finalmente se reunió con Ábalos.
El Ministerio fundamenta su negativa en dos leyes. El primero la 19/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. No obstante, este es un mecanismo que habitualmente emplea el gobierno de Pedro Sánchez cuando una información solicitada a través de Transparencia le resulta incómoda, pero que tiene trampa, como ya se ha denunciado, asegura ABC.
Para poder declarar una materia como clasificada en virtud de esta ley franquista es necesario que exista un acuerdo del Consejo de Ministros explícito e individual para cada caso en el que se justifiquen los motivos que provocan velar la información. Este precepto no se ha cumplido en ningún caso desde que el socialista llegó a La Moncloa.
El otro argumento usado por el gobierno español es el acuerdo citado del Consejo de Ministros del 15 de octubre del 2010, acerca de su política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y su Cooperación: “En su punto número 11 se refiere al secreto de informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrecuellos, estancias y escalas de buques y aeronaves”.
Ábalos quien dirige el ministerio de Transporte también ha hecho referencia al artículo 18 de la Ley 21/2003, del 7 de julio, sobre la Seguridad Aérea para negar los planes de vuelo y los permisos recibidos en los dos últimos años por la aeronave con matrículas TC-AKE en la que viajó Delcy Eloina Rodríguez. El ministro usa como escudo el siguiente texto: “Los datos, registros, grabaciones, declaraciones, comunicaciones, indicadores e informes facilitados en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil por los profesionales aeronáuticos y proveedores de servicios y productos aeronáuticos a los organismos, órganos, entes y entidades del sector público a que se refiere el artículo 11.3, párrafo primero, tienen carácter reservado y sólo pueden ser utilizados para los fines previstos en él”.
La condición secreta de esta información contrasta con el interés general que tienen estos documentos, que tocan de cerca un posible incumplimiento de sanciones europeas por parte de España. Concretamente, el 25 de junio de 2018, el Consejo de la Unión Europea (UE) estableció una lista de dirigentes bolivarianos que no podrían acceder a territorio comunitario tras considerar que las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela no fueron “libres ni justas”.
De las acciones llevadas a cabo por Rodríguez en este marco, la UE dictó lo siguiente: “Han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político”.
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