El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) expresó este jueves su “profunda preocupación por la alarmante situación que atraviesa la prensa independiente en nuestro país”, donde más de 264 informadores se han exiliado por razones de seguridad, bajo el Gobierno que preside Daniel Ortega.
EFE
“Condenamos que decenas de periodistas sigan siendo objeto de vigilancia, asedios, allanamientos e imposición de casa por cárcel producto de la criminalización a la labor periodística independiente”, señaló en una declaración ese gremio, integrado en su mayoría por comunicadores nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
Según el PCIN, como consecuencia del acoso e intimidación, más de 264 periodistas se encuentran desplazados forzadamente desde el 2018.
“Además, recientemente la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró a la periodista Nohelia González, con quien nos solidarizamos”, agregó.
Para ese gremio, esos acontecimientos evidencian la censura y las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“La protección de la prensa es parte del derecho del pueblo a estar informado y también la garantía de nuestro compromiso a informar”, observó.
Gobierno acusa a periodistas
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha acusado a los periodistas críticos de “inventar cualquier cosa para sembrar el terror”, los ha tildado de “malignos”, hipócritas”, “destructores”, “criminales”, terroristas de la comunicación”, y ha agradecido a Dios de que van “quedando en unos cuantos miserables” en el país.
Murillo también ha señalado a los periodistas de que sus “plumas están llenas de odio” y que de esa misma forma los ve el Gobierno que preside su marido, el sandinista Daniel Ortega.
“Así los vemos y así los repudiamos”, ha dicho Murillo, que entre otros epítetos ha llamado a los comunicadores “chachalacas (aves bulliciosas)” y “urracas parlanchinas”.
El PCIN sostiene que el Gobierno sandinista ha respondido a la prensa crítica “con cárcel, judicialización, destierro, desnacionalización, confiscación y el incremento sin precedentes de un exilio forzado” que ya suma más de 264 periodistas y comunicadores, y el cierre de al menos 56 medios de comunicación.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.
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