El Gobierno de Guatemala informó este lunes que detuvo a 11 salvadoreños «vinculados con pandillas» durante la Semana Santa, debido a que portaban armas de fuego o contaban con alertas internacionales para su captura.
EFE
El Ministerio de Gobernación (Interior) detalló en un comunicado de prensa que las detenciones tuvieron lugar «en distintos puntos del país» centroamericano, que recibió durante la Semana Santa a casi 47.000 turistas salvadoreños según datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración.
Las detenciones de los salvadoreños tienen lugar mientras el Gobierno de su país mantiene un régimen de excepción instaurado el 27 de marzo en busca de la detención de pandilleros.
De acuerdo con el Ministerio de Interior guatemalteco, uno de los detenidos es Wilman Wilfredo Muñoz Acosta, de 40 años, quien supuestamente pertenece a la pandilla denominada «Barrio 18» en El Salvador. A Muñoz Acosta lo arrestaron en posesión de una libra de marihuana.
Los otros detenidos son Marcelino López Anaya, Erick Castro Vásquez, Kevin Alexánder Eguizabal, Ricardo García Estrada, Francisco Morales Benito, Wilfredo Escobar Molina, Alberto Sanabria Aguilar, Rolando Ernesto García, René Aguilar Flores y Rubén Antonio Medrano.
Algunos de los detenidos fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para ser trasladados a El Salvador mientras otros deberán enfrentar primero procesos judiciales en Guatemala.
Las detenciones son parte de un dispositivo de seguridad implementado por Guatemala ante el régimen de excepción del Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y también por el Sistema Nacional de Prevención de Semana Santa (Sinaprese) 2022 instalado por las autoridades guatemaltecas.
Durante dicho sistema nacional de prevención, Guatemala contabilizó dos personas fallecidas por diversas causas y 22 personas heridas, con base a datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.
El Salvador cumplió el domingo tres semanas en régimen de excepción, medida que suspende derechos de los ciudadanos como la defensa en un proceso judicial y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, tras una escalada de homicidios que en el último fin de semana de marzo se cobró la vida de más de 80 personas.
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