Luego de que se firmará el acta de la paz, el documento que plasma los acuerdos que pusieron fin a las protestas que paralizaron a Ecuador por 18 días, el presidente Guillermo Lasso, que logró mantenerse en el cargo pese al intento de la bancada correísta por destituirlo, se dirigió a la Nación y anunció que el campo y la ruralidad serán la prioridad nacional.
Por Infobae
“Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos”, dijo el mandatario, a la vez que reconoció el abandono estatal que los sectores rurales han tenido por más de 40 años.
En su mensaje, Lasso también hizo un llamado a la reconciliación en Ecuador: “Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos por un solo objetivo: reconstruir el Ecuador”.
Las movilizaciones que iniciaron el pasado 13 de junio, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas que exigieron al gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con una agenda de 10 peticiones, dejaron al menos 8 muertos, alrededor de 300 heridos y pérdidas millonarias para el Estado y los sectores productivos.
Durante las jornadas de protestas, Guillermo Lasso se dirigió a la nación en al menos 7 ocasiones, solo en una se solidarizó con los familiares del militar que murió en un enfrentamiento con manifestantes que asaltaron a un convoy que transportaba combustibles a un bloque petrolero. Fue en el último mensaje, el emitido la noche del 30 de junio, cuando por primera vez, Lasso se condolió con las familias de todos los fallecidos: “Llevaremos siempre en nuestro corazón y memoria a quienes fallecieron. Nuestra solidaridad con sus familias”, dijo.
Los acuerdos que pusieron fin al paro
La tarde del 30 de junio, con intermediación de la iglesia católica, los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, de la organización de los indígenas evangélicos en el Ecuador, y de la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas y negras, firmaron un acta con los representantes del Ejecutivo donde acordaron que el gobierno reduciría los precios de los combustibles, derogaría y modificaría decretos sobre la política petrolera y minera, además de garantizar la protección de los territorios ancestrales y de la consulta libre, previa e informada de las comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.
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