Las autoridades colombianas investigan el hallazgo de una fosa común en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste), en la que presumen puede haber más de 50 civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”. “Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (’falsos positivos’)”, afirmó la Justicia Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.
Ese tribunal, que nació del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, detalló que las víctimas al parecer vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y algunos de ellos al parecer estaban “en condición de discapacidad”.
Falsos positivos
Con el eufemismo de “falsos positivos” se conoce en Colombia la práctica extendida en el Ejército de asesinar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
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La JEP resaltó que las víctimas estaban enterradas en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde hasta la fecha han sido exhumados “siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos”.
“Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas”, agregó la JEP, según la cual el Instituto Nacional de Medicina Legal será la entidad encargada de identificar los restos.
El tribunal señaló que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un exintegrante del Ejército “indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado”.
“Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas”, agregó la JEP en el comunicado.
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Hasta el momento, la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
Los pocos condenados por estos hechos son en su mayoría soldados o suboficiales, pero no oficiales de alto rango.
Para esclarecer estos crímenes cometidos durante el conflicto armado del país, la JEP abrió una investigación en la que ha acreditado a cerca de 400 víctimas, recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.
En la zona de Dabeiba, situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, fueron muy activos en las décadas pasadas varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que buscaban tener el control de ese territorio.
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FARC denuncia el asesinato de uno de sus miembros
El partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el que se convirtió la antigua guerrilla, denunció este sábado el asesinato de Manuel Antonio González, conocido como “Yair Cartagena”, en el departamento de Antioquia (noroeste).
La FARC detalló en un comunicado que ayer viernes González recibió varios disparos mientras se dirigía al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz, ubicado en una zona rural del municipio de Ituango.
En ese ETCR, espacios donde los excombatientes hacen su proceso de transición a la vida civil, residía la víctima, hijo de Manuel Antonio González Benítez, conocido en su época de guerrillero como “Elmer Arrieta” y quien fue el jefe del Frente 18 de las FARC.
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“Este hecho se suma a los acontecidos en el departamento de Antioquia, ya que a la fecha han sido asesinados 19 exguerrilleros en proceso de reincorporación, de los cuales 11 han sido asesinados en el municipio de Ituango”, agregó la FARC.
Desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, cerca de 170 exguerrilleros han sido asesinados.
La FARC exigió al presidente colombiano, Iván Duque, que ponga en marcha el punto del acuerdo de paz en el que se aborda la seguridad de los excombatientes y a la fuerza pública le pidió que “cumpla con su misión de proteger la vida, libertad e integridad de todos los ciudadanos”.
De igual forma, el partido solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos “prestar toda su gestión” para que el Estado colombiano “se apegue a las normas internas y externas a las que se ha comprometido respetar”.
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