La organización Human Rights Watch (HRW) ha criticado este miércoles el «fracaso» del Gobierno australiano para abordar las muertes de indígenas bajo custodia policial, que han dejado cinco víctimas mortales en menos de un mes y más de 470 desde los años noventa.
La critica se enmarca en la conmemoración del 30 aniversario de la Comisión Real de Muertes de Aborígenes bajo custodia de 1991, que contenía numerosas recomendaciones de reforma, que sin embargo, no se han aplicado, según la ONG.
Esta comisión señaló que era probable que más aborígenes murieran bajo custodia en parte porque estaban encarcelados a tasas desproporcionadas.
Los aborígenes constituían aproximadamente el 14 por ciento de la población carcelaria de Australia, mientras que treinta años después, la tasa de encarcelamiento de indígenas se ha duplicado, y los aborígenes comprenden el 29 por ciento de la población carcelaria adulta, pero solo el 3 por ciento de la población nacional.
El 3 de abril, un indígena detenido en la prisión de Casuarina en Perth murió después de ser trasladado al hospital, la quinta muerte indígena bajo custodia en poco más de un mes, mientras que desde la Comisión Real de 1991, más de 470 aborígenes e isleños del Estrecho de Torres han muerto bajo custodia en Australia.
Human Rights Watch señala que «algunas de estas muertes fueron claramente evitables, debido al suicidio, la violencia o la falta de apoyo de la prisión».
«Dada la reciente avalancha de muertes de indígenas bajo custodia, está claro que se trata de una crisis nacional», ha alertado la directora para Australia de HRW, Elaine Pearson, que ha tildado de «inaceptable» la situación.
La Comisión Real de 1991 hizo 339 recomendaciones en su informe final, y entre sus conclusiones destacan las serias preocupaciones con respecto a la «extrema ansiedad» causada por el confinamiento solitario, que se observó que tiene un impacto particularmente perjudicial para los prisioneros aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, recuerda la organización.
Frente a esta situación, el Gobierno australiano debe comprometerse a implementar plenamente las recomendaciones de la Comisión Real, además, los aborígenes deberían ser encarcelados solo «como último recurso» y los servicios de salud general y mental en las cárceles deberían ser culturalmente apropiados.
Por último, Human Rights Watch ha instado a las autoridades a «dar prioridad a poner fin al confinamiento solitario de las personas con discapacidad y elevar la edad de responsabilidad penal de 10 a al menos 14 años».
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