La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes el saqueo y la ocupación con uso militar de escuelas tanto por las fuerzas gubernamentales como rebeldes desde que comenzó el conflicto en la región etíope de Tigray, donde en torno al 25 % de los establecimientos escolares han sido dañados.
«La ocupación y el daño de las escuelas termina afectando las vidas de las generaciones futuras de Tigray, lo que se suma a las pérdidas que las comunidades (…) han enfrentado durante los últimos seis meses», declaró en un comunicado Laetitia Bader, directora del Cuerno de África de HRW.
HRW, que ha documentado el uso como base militar de varias escuelas en esa región, ejemplificó esta situación con el uso de la histórica escuela preparatoria pública Atse Yohannes en la capital regional, Mekelle, como cuartel general de las fuerzas gubernamentales después de arrebatar el control de la ciudad al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT) a finales de noviembre de 2020 y que utilizaron hasta el pasado mes de abril.
«Después de ocupar la escuela durante varias semanas, se fueron llevándose computadoras, pantallas de plasma y comida. Las autoridades interinas pronto comenzaron a reparar los daños para que pudieran reanudarse las clases, pero los soldados regresaron en febrero y ocuparon la escuela durante otros tres meses», indicó el comunicado.
Las fuerzas etíopes abandonaron la escuela en abril y los residentes de Mekelle se encontraron con daños generalizados en aulas, laboratorios y oficinas, instalaciones eléctricas, tuberías de agua destruidas, casi 300 sillas quemadas y mensajes de odio e insultos contra los habitantes de Tigray escritos en las paredes, relató la organización.
«La destrucción o incautación de los militares de propiedad civil no justificada por razones de necesidad militar está prohibida y puede ser un crimen de guerra», declaró HRM señalando que «un despliegue militar prolongado sin proporcionar instalaciones educativas alternativas también puede negar a los estudiantes su derecho a la educación según el derecho internacional de los derechos humanos».
Según los datos del Gobierno de Etiopía, recogidos por HRW -que considera subestimados por la limitación de acceso a algunas zonas-, 15 escuelas en Tigray han sufrido daños importantes, mientras que otras 53 sufrieron algunos daños y dos de educación primaria en el sur de la región fueron ocupadas por las fuerzas etíopes.
Las autoridades gubernamentales están tratando ahora de reabrir las escuelas, pero los intentos se ven obstaculizados por la continua inseguridad, los daños en las escuelas.
Según estimaciones del Ministerio de Educación etíope, 48.500 maestros requieren apoyo psicosocial y de salud mental.
«Los combates en Tigray están privando a muchos niños de una educación y las facciones en guerra solo están empeorando las cosas», advirtió Bader al instar a la comunidad internacional a pedir al Gobierno etíope que tome «todas las medidas necesarias para garantizar que las escuelas puedan reabrir de manera segura, incluyendo poner fin al uso militar de las mismas y castigar al personal militar responsable de los abusos».
El conflicto en Etiopía estalló el pasado 4 de noviembre después de que el Gobierno central atacara al FPLT, en represalia por una agresión previa de fuerzas tigriñas a una base del Ejército federal.
Desde entonces, miles de personas han muerto, al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, país fronterizo con Tigray, y más de un millón se han desplazado dentro de la región, según datos oficiales.
EFE
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