La organización Human Right Watch (HRW) pidió este lunes al Ministerio Público investigar civil y penalmente a los altos mandos de la Policía de Río de Janeiro por ordenar un operativo en el que murieron 28 personas, en momentos en que ese tipo de acciones estaba restringida por la Justicia.
La violenta acción policial, que tuvo lugar el 6 de mayo en la favela de Jacarezinho, fue calificada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como la mayor masacre en la historia de Río, por los abusos cometidos por los uniformados durante el operativo.
Entre los 27 civiles muertos, solo tres estaban entre los buscados por los agentes, otros 22 fueron señalados como sospechosos por tener algún registro criminal y dos víctimas más, incluido un adolescente de 16 años, no tenían antecedentes ni arrestos.
De acuerdo con HRW, el Ministerio Público debe investigar no solo a los policías civiles directamente involucrados en el operativo sino también a los comandantes que planificaron y ordenaron la acción, así como al Secretario de la Policía Civil, Allan Turnowski.
Investigaciones adelantadas por la ONG, cuyos detalles fueron divulgados este lunes en un comunicado, revelan que los altos mandos policiales permitieron la realización del operativo, en medio de una serie de irregularidades.
«Es fundamental que el Ministerio Público de Río de Janeiro defienda los derechos de la población y el Estado de derecho, y busque la rendición de cuentas por los abusos cometidos, incluso en el escalón más alto del mando policial», aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Los operativos policiales fueron prohibidos en Río desde junio del año pasado por la Corte Suprema tras una serie de supuestos abusos por parte de los agentes que causaron la muerte de al menos 65 personas entre abril y mayo de 2020, en tiempos de confinamiento social por la pandemia.
La decisión del máximo tribunal estipula que solo pueden efectuarse operativos bajo «hipótesis absolutamente excepcionales» que sean previamente planeados. La medida también ordena a la policía enviar «comunicación inmediata» al Ministerio Público sobre cualquier operación, y justificar por escrito la necesidad del mismo con antelación. La policía solo informó del operativo de Jacarezinho tres horas después de iniciado.
De acuerdo con el Ministerio Público, el propósito de la acción era cumplir con las órdenes de captura de 21 personas que fueron denunciadas en abril por vínculos con el narcotráfico.
La única prueba presentada en la denuncia, analizada por la ONG, son imágenes publicadas en redes sociales que muestran a los sospechosos con armas y drogas, y que fueron descritos en la denuncia como miembros de un grupo sin mucha relevancia.
«Aunque el Supremo no especificó cuáles serían las ‘hipótesis absolutamente excepcionales’, no parece razonable que una operación de alto riesgo y a gran escala para arrestar a miembros del escalón más bajo del tráfico de drogas entre en esta categoría», señala HRW.
Cifras divulgadas por HRW señalan que entre junio y septiembre de 2020 las muertes a manos de la policía cayeron un 72 %, pero volvieron a subir después de que el secretario de la Policía Civil de Río dijera en octubre que la decisión del Supremo ya no aplicaba por el estado de «excepción» generado por los altos índices de violencia.
Entre enero y abril de este año, 595 personas murieron en acciones de los uniformados, según la ONG.
Según Vivanco, el Ministerio Público debe investigar si hubo «mala conducta administrativa» por parte de los altos mandos policiales y si cometieron el delito de «desobediencia» en relación con la orden impartida por el Supremo.
A las denuncias de este lunes se suman otras ya divulgadas por la organización que evidencian ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas al sacar cuerpos del lugar de los disparos.
HRW ha venido insistiendo en la necesidad de que lo ocurrido en Jacarezinho sea examinado por entes independientes. La Policía ya viene investigando los hechos, pero puso bajo sigilo las indagaciones, por cinco años, algo que para la ONG evidencia el intento de ocultar información de interés público. EFE
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