Hungría y Polonia han retirado este jueves el veto a los presupuestos europeos y al fondo de recuperación tras aceptar una declaración del Consejo Europeo que reafirma la voluntad de aplicar de manera justa y no discriminatoria el nuevo reglamento sobre protección del Estado de derecho. La retirada del veto, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Bruselas, desbloquea el mayor esfuerzo financiero en la historia de la Unión, con 1,074 billones de euros para el marco presupuestario de 2021-2027 y 750.000 millones de euros del fondo para paliar los efectos de la pandemia. El acuerdo inicia la recta final hacia unas ayudas, en forma de subsidios y créditos, que podrían empezar a materializarse en junio de 2021 y que esperan con impaciencia casi todos los países golpeados por la pandemia y, en especial, España e Italia.
Por EL PAÍS
El acuerdo sobre los presupuestos llegará acompañado, además, por la aprobación del reglamento que provocó el doble veto. La nueva norma establece por primera vez una condicionalidad para la recepción de ayudas comunitarias basada en el respeto al Estado de derecho. El reglamento permitirá suspender los pagos cuando la deriva antidemocrática de un país ponga en peligro los intereses financieros de la Unión, una posibilidad temida por el Gobierno polaco y, sobre todo, por el húngaro.
El pacto, tejido en secreto durante varias semanas por la presidencia alemana de la UE, ofrece mínimas concesiones al Gobierno húngaro y al polaco, pero suficientes para permitir a Budapest y a Varsovia sumarse a la unanimidad sin necesidad de una humillante claudicación. La cesión de las dos capitales también se ha producido después de que Bruselas dejara claro que disponía de alternativas legales para establecer el fondo de recuperación dejando fuera a Hungría y Polonia, una amenaza que hubiera privado a los dos países de decenas de miles de millones de euros en ayudas.
La exitosa neutralización del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y de su aliado polaco, Mateusz Morawiecki, puede facilitar, además, la aprobación por unanimidad del nuevo objetivo de reducción de emisiones para 2030, que pasará del 40% al 55% en relación con el nivel de 1990.
“Hemos trabajado muy duro en los últimos días, incluidos mi equipo y yo, para superar las dificultades”, ha afirmado la canciller alemana, Angela Merkel, a su llegada a la cumbre europea. Merkel se mostraba confiada en el respaldo a un texto que, en su opinión, “encuentra una solución a las inquietudes expresadas por Hungría y Polonia y, al mismo tiempo, por supuesto, preserva el mecanismo de condicionalidad y el Estado de derecho como fue negociado con el Parlamento Europeo”. Hacia las siete de la tarde, el optimismo de Merkel, compartido por el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha confirmado y las conclusiones han sido aprobadas por unanimidad, con el voto de Orbán y Morawiecki incluidos.
El acuerdo ofrece a ambos dirigentes el compromiso de que la Comisión Europea aplicará el reglamento de manera ecuánime a todos los Estados, una circunstancia que, en principio, se da siempre por garantizada ya que, en caso de duda o discrepancia, el Tribunal de Justicia Europeo puede dirimir si Bruselas yerra o se extralimita. La declaración del Consejo no ofrece ninguna garantía adicional a las que ya existen.
La única concesión significativa, más desde el punto institucional que práctico, es la promesa de que si algún país impugna el reglamento nada más aprobarse, la Comisión no aplicará la suspensión de fondos hasta que se pronuncie el tribunal europeo. Esa promesa invade en cierto modo las competencias de la Comisión, lo que hace chirriar el entramado institucional comunitario. Pero solo ofrece una victoria pírrica a Orbán porque, en cualquier caso, los fondos de la recuperación no llegarán, previsiblemente, hasta el segundo semestre de 2021.
Además, la intención de la UE no es aplicar un reglamento con un impacto tan importante como la suspensión de fondos a las primeras de cambio. Se trataría de una decisión de enorme calado político que requeriría en cualquier caso, según el reglamento, la aprobación por mayoría cualificada en el Consejo. Y Bruselas tendrá que elaborar también unas directrices sobre la aplicación práctica de la norma a la que incorporará, según el acuerdo de este jueves, la jurisprudencia que emane de una posible sentencia del tribunal.
Fuentes comunitarias restan importancia a esa concesión porque no impedirá la entrada en vigor del reglamento tal y como fue pactado por la presidencia alemana y el Parlamento Europeo. La norma se aplicará a todos los desembolsos de fondos ligados al nuevo marco financiero plurianual (2021-2028) y al fondo de recuperación.
El desenlace final también parece satisfacer al Parlamento Europeo, que vigilaba celosamente para que no se produjera ninguna dilución del reglamento. Los ponentes de la negociación de los dos principales partidos, el finlandés Petri Sarvamaa, del grupo Popular Europeo, y la española Eider Gardiazabal, de los Socialistas, han dado la bienvenida a la aprobación de las conclusiones del Consejo. “Se han respetado nuestras líneas rojas”, ha celebrado Gardiazabal. “No se ha tocado el reglamento, entrará en vigor el próximo 1 de julio y se aplicará al marco financiero plurianual de 2021-2027 y al fondo de recuperación”, ha añadido la eurodiputada socialista.
El desbloqueo permitirá ahora aprobar el marco financiero, los reglamentos presupuestarios, incluido el de la condicionalidad, y el presupuesto anual para 2021, primero de la nueva era. Además, cada país debe ratificar la llamada decisión de recursos propios, que fija el techo máximo de ingresos de la UE y que será la base para una emisión de deuda sin precedentes que financiará los 750.000 millones del fondo (España puede acceder a 140.000 millones entre subvenciones y préstamos). Bruselas calcula que las ayudas podrían llegar a los países a partir de junio, aunque previsiblemente el grueso del plan llegará en el segundo semestre y en 2022.
El acuerdo presupuestario y el climático coronarían uno de los años más difíciles de la UE, marcado por la primera ruptura del club, con la salida del Reino Unido el pasado 31 de enero ―aunque la mayoría de las condiciones de pertenencia se mantienen hasta el próximo 31 de diciembre―, y por el devastador impacto humano, social, sanitario y económico de la pandemia de covid-19. El doble éxito supone, además, un broche de oro a la presidencia alemana de la UE, con Angela Merkel al frente por última vez del Consejo de la UE. La canciller ha anunciado que no se presentará a las elecciones de septiembre de 2021, por lo que este semestre marca la cuenta atrás de su despedida a nivel europeo.
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