En la casa de Mónica y Ricardo reina el silencio. No hay espacio para las muestras esporádicas de alegría entre sus cuatro paredes. El ambiente está cargado: el televisor de fondo, con el volumen al mínimo; el aire, viciado por el olor a tabaco; los dos perros, enormes, haciendo guardia en el exterior.
Emplazado en una esquina del salón, un altar casero llena de luz toda la estancia. En él hay fotos antiguas, dibujos y mensajes con reclamos de justicia. Mónica se sienta frente a él y permanece callada, observando con la mirada perdida el rostro sonriente de su hija Araceli, asesinada en 2017 por un grupo de hombres cuando tan sólo tenía 22 años.
«Nosotros éramos una gente que miraba la televisión y decía ‘mirá, cómo llora esa mujer que le mataron a la hija’… Pero lo veíamos de este lado de la pantalla, hasta que nos tocó a nosotros. Ahí me di cuenta que a veces uno no quiere ver la realidad», cuenta a Efe la madre de la joven.
El caso de Araceli Fulles, que todavía está pendiente de resolución en los tribunales, no es una excepción en Argentina, un país que vive inmerso en una espiral de violencia machista y en donde la justicia fracasa a la hora de evitar este tipo de crímenes.
RECUERDOS DE LA DESAPARICIÓN
Acostumbrada a rememorar lo sucedido, la voz de Mónica casi no titubea al hablar del 2 de abril del 2017, el día en que ella y Ricardo vieron por última vez con vida a su hija Araceli.
Aquel domingo, la joven asistió a un asado a pocas calles de su casa. Como cada vez que salía de noche, enviaba mensajes a su madre para que estuviera tranquila, el último de ellos sobre las 6 de la madrugada, cuando le escribió: «prepará las cosas de mate que ya voy».
Transcurrió media hora, luego una hora entera, dos horas, y Araceli no aparecía. «Cuando ella me dice viene, es que viene. Yo decía que algo pasó, no sé si era intuición de madre o qué», relata Mónica, que enseguida enfiló el camino hacia la comisaría más cercana para interponer una denuncia por desaparición.
Después pasaron 25 días de manifestaciones, rumores constantes y pistas sin fundamento, hasta que el 27 de abril un escuadrón canino encontró el cuerpo sin vida de Araceli, el cual yacía semienterrado en una casa de Villa Ballester.
«La realidad es que si no hubiera sido por ellos (los perros), quizás no tendríamos novedades», sostiene el padre de la víctima.
Desde el asesinato de Araceli, un total de 900 personas entre mujeres, parejas y familiares han sido víctimas de la violencia machista en Argentina, lo equivalente a un crimen cometido cada 38 horas, según el recuento independiente del Observatorio Lucía Pérez.
«Las cifras se mantienen muy estables: tenemos entre 255 y 300 femicidios al año. Aun en el marco de la pandemia, donde todos los delitos disminuyeron, los femicidios fueron los únicos que se mantuvieron en los mismos niveles», señala a Efe Silvia Ferreyra, coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) de Argentina.
EL LABERINTO JUDICIAL
Con todo, la desaparición de Araceli apenas fue el preludio de un calvario todavía mayor para Mónica y su familia, que se toparon con un laberinto judicial desde el mismo momento de la denuncia.
Primero fue la pasividad de los policías, que pusieron trabas durante la tramitación de dicha denuncia; y luego el proceder errático de la Fiscalía, reticente a investigar los testimonios que día a día llegaban a los oídos de los padres de la joven asesinada.
«Nosotros, los padres, tenemos que hacer la búsqueda, investigar, conseguir los testigos, todo lo tenemos que hacer nosotros. Ellos (los agentes judiciales) no hacen nada, están sentados, nada más», subraya la madre de la joven.
A esto se suma que de los nueve imputados por la muerte de Araceli, tan sólo permaneció en prisión provisional el dueño de la finca donde la encontraron, Darío Badaracco, que en 2019 murió tras ser quemado con agua hervida por sus compañeros de celda.
«Los soltaron (a los otros ocho) por falta de pruebas. Fue un caso muy fuerte y a la vez muy doloroso para nosotros, porque sabiendo quiénes estaban involucrados, los dejaron fuera», lamenta Mónica, que desde entonces permanece bajo custodia de la Policía bonaerense y de la federal las 24 horas del día.
Estas malas prácticas explican la pésima imagen de la Justicia en Argentina, un poder que «claramente no está haciendo lo suficiente» para frenar los crímenes machistas, según María Laura Postiglione, abogada especialista en cuestiones de género.
En opinión de la letrada, la multiplicidad de fueros judiciales y la «burocratización» del proceso legal provoca que las víctimas de estos delitos anden «peregrinando por los distintos ámbitos» de la Justicia, en unos casos que muchas veces ni siquiera llegan a juicio.
«No todos los casos de violencia machista llegan a un juicio porque quedan en la medida de protección, no hay investigación y entonces se quedan en el ámbito de la impunidad total», asegura Postiglione, subrayando la necesidad de que se aplique de forma contundente la legislación vigente, como es el caso de la Ley Micaela, aprobada en 2018.
LA VIOLENCIA MACHISTA, UNA «EMERGENCIA NACIONAL»
Por todo esto, desde MuMaLa presentaron este 3 de marzo un proyecto de ley para declarar la «Emergencia Nacional por Violencia de Género en Argentina», con la intención de aumentar las partidas presupuestarias y frenar una barbarie que ya ha acabado con más de 60 vidas en lo que va de año.
Mientras tanto, Mónica y Ricardo aguardan el juicio por la muerte de su hija, previsto para el próximo septiembre, con la esperanza de que se imparta justicia y con un deseo: que toda la sociedad se una al margen de las etiquetas políticas para frenar la violencia machista en Argentina.
EFE
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