Casi 600.000 hectáreas se han quemado en el departamento boliviano de Santa Cruz (este) por causas evitables en lo que va de 2021 y el 64% arrasó áreas protegidas, una catástrofe que revive la imagen de los devastadores incendios de los dos últimos años.
AFP
Hasta la noche del lunes, había 20 incendios activos en 9 municipios, siete áreas protegidas afectadas y en solo dos días se quemaron 200.000 hectáreas, informó el gobierno cruceño.
La mayoría se concentra en los bosques de la Chiquitanía, una región de transición entre la Amazonía al norte, las llanuras del Chaco al sur y el Pantanal -el mayor humedal del mundo- al sureste.
Kilómetros de caminos de ceniza y suelos agrietados bajo miles de palmeras calcinadas son, junto a animales flacos y desorientados, el paisaje predominante al entrar a la reserva de San Matías.
Con una superficie similar a la de Bélgica, ese parque nacional es uno de los más dañados. Allí, el fuego ha consumido más de 230.000 hectáreas desde el 11 de julio y las llamas se adentraron por lo menos 65 kilómetros.
Ese incendio «está bastante descontrolado», reconoció el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien supervisa el combate al fuego en la región desde principios de agosto.
Con la ley en contra
Bomberos voluntarios y guardaparques con escasos recursos y herramientas intentan, desesperados, contener el avance de las llamas abriendo zanjas y limpiando el terreno, pero les es difícil acercarse al fuego.
El gobierno central desplegó unos 1.800 militares y envió dos helicópteros.
El viceministro Calvimonentes aseguró que una ley impide al Ejecutivo intervenir o pedir ayuda a países vecinos si las autoridades locales y regionales no se declararon aún en «desastre».
Pero esa declaración solo es posible cuando todos los niveles de gobierno agoten su presupuesto para el combate de incendios, algo que, según autoridades de Santa Cruz, todavía no ocurrió.
Calvimontes indicó que el único modo de intervenir es con militares, pero estos «no fueron formados específicamente para esa tarea».
Esa ley «debería modificarse», concluyó.
«Si actuamos todos juntos, las cosas pueden ser distintas», pero «la gobernación no está haciendo absolutamente nada».
En respuesta, la coordinadora del Programa de Manejo de Fuego de Santa Cruz, Yovenka Rosado, destacó que los efectivos apostados en el departamento fueron capacitados por la gobernación y se les entregó equipamiento.
Fuentes cercanas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), que prefirieron mantenerse anónimas por miedo a represalias, indicaron durante un recorrido por áreas destruidas que se intenta «maquillar» la situación para «dar la sensación de que ya está todo controlado».
Una tradición peligrosa
Tanto el gobierno nacional del Movimiento al Socialismo como el gobierno cruceño del derechista Luis Fernando Camacho concuerdan en que la mayoría de los focos fueron provocados.
En Bolivia y otros países sudamericanos, es tradicional la quema de terrenos para transformar bosques en áreas agropecuarias o limpiar el terreno de cara a la próxima siembra.
La práctica, conocida como «chaqueo», es legal en Bolivia mediante autorización entre mayo y julio, una vez finalizada la estación húmeda.
La ley permite «chaquear» hasta 20 hectáreas, pero algunos queman más o lo hacen fuera de fecha.
La multa por quemas ilegales es de un dólar estadounidense por hectárea y se cobra por toda la extensión de la propiedad, sin importar cuánto se haya quemado.
Si la quema deriva en un incendio de magnitud, la pena puede alcanzar tres años de cárcel.
«Solo son pastizales»
«No sabemos qué va a pasar con la fauna», lamentó la funcionaria del SERNAP Carla Ramírez.
«Es muy difícil el trabajo de rehabilitación porque sabemos que al año esto va a volver a pasar», agregó.
Willy Montaño, un guardaparque que recorre miles de kilómetros a la semana por un sueldo apenas encima del mínimo nacional, aseguró que «hay menos agua en la zona» que en años anteriores.
«En esta época del año, deberíamos estar peleando con el barro, no con la sequía», advirtió, preocupado por la prolongación de la estación seca como consecuencia del calentamiento global.
El viceministro Calvimontes, que se considera un «ecologista», afirmó que «las áreas protegidas no son necesariamente ricas en biodiversidad» y que «la mayor parte de lo que se está quemando son los pantanales, pastizales».
Acotó que se está trabajando «para evitar que el fuego ingrese a los bosques», pero muchos ya se incendiaron.
«Hierbas y pastos tienen el mismo valor en biodiversidad que los árboles», le refutó el biólogo Juan Carlos Catari.
«Se debe asumir que perder sabanas, pastizales o matorrales es tan nefasto como perder bosques».
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