Un gobernador indígena y dos civiles más están entre los 11 muertos que el ejército presentó como guerrilleros caídos en combate durante un reciente operativo en la frontera de Colombia con Perú y Ecuador, según denunciaron el miércoles líderes de las comunidades y grupos de derechos humanos.
AFP
«Las personas asesinadas por el ejército nacional no eran guerrilleros, sino población civil dentro de la cual (había) compañeros indígenas», dijo en rueda prensa Oscar Daza, portavoz de la organización que reúne a los pueblos originarios de la Amazonía colombiana (Opiac).
Según la denuncia, entre las víctimas está el gobernador kitcwhwa Pablo Panduro, el líder comunitario Divier Hernández y su esposa, cuya identidad no ha sido revelada.
La Opiac no menciona a los otros ocho fallecidos en la operación.
El martes, en un comunicado, el alto mando militar anunció la muerte «en combate» de 11 rebeldes de una facción disidente de las FARC, la guerrilla que depuso las armas en 2017 tras firmar la paz.
Los enfrentamientos ocurrieron el lunes en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, en el extremo sur del país. Cuatro presuntos guerrilleros más quedaron heridos y fueron arrestados.
La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) coincidió con la denuncia de las comunidades indígenas y aseguró que «un adolescente de 16 años» se sumó a las otras víctimas.
La entidad que vela por los derechos humanos pidió a las autoridades «el rápido esclarecimiento» de los hechos y advirtió que «la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto».
«Urge aclarar»
El gobierno insistió este miércoles en que se trató de una operación legal dirigida contra la disidencia conocida como la Segunda Marquetalia, que retomó las armas después de renunciar al acuerdo de paz negociado en Cuba.
El «operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros», escribió en Twitter el ministro de Defensa, Diego Molano.
Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, máximo órgano de los pueblos originarios, rechazó las declaraciones oficiales y denunció las muertes del gobernador y los dos pobladores como «falsos positivos», como se conoce al mayor escándalo de sangre en la historia de las fuerzas militares de Colombia.
Al menos 6.400 civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros abatidos entre 2002 y 2008, según el tribunal de paz que investiga los peores crímenes del conflicto interno.
Human Rights Watch también dijo haber confirmado por su lado que «durante el operativo del Ejército murieron» el gobernador indígena, el líder social y su esposa. «Urge aclarar los hechos», señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de la ONG.
Los militares habrían disparado contra un bazar que realizaban los pobladores para recolectar fondos, de acuerdo a la versión de los indígenas de la Opiac.
El general Juan Carlos Correa, de la división aérea del ejército, ratificó que sus hombres sostuvieron «combates fuertes, con fuego nutrido» y que incluso un militar fue herido en el brazo con un disparo de fusil.
«No había ninguna actividad (social), ni bazar, simplemente se generó un combate», sostuvo el oficial en declaraciones a los medios.
Sin mencionar enfrentamiento alguno, la fiscalía sostuvo en un tuit que está investigando «los hechos de Puerto Leguízamo, donde murieron 11 personas».
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