El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), expresó este jueves su «profunda preocupación» por los «graves hechos» que están ocurriendo en Venezuela, por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, en contra de la candidata opositora María Corina Machado y su equipo de campaña, los cuales «violan derechos humanos» y la democracia.
Recordó el IIDC que Machado fue «electa por amplio margen en las primarias de la oposición».
De esa forma, el IIDC subrayó que «las elecciones libres y justas así como el derecho al sufragio universal son derechos humanos y obligaciones de los Estados» y que están reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en mecanismos internacionales «tanto interamericanos como de las Naciones Unidas», y que «no son susceptibles de ser suspendidos ni restringidos mediante inhabilitaciones impuestas por órganos administrativos».
De igual manera, el IIDC resaltó que «las elecciones libres, como expresión de la soberanía del pueblo, son un elemento esencial de la democracia».
En ese sentido, esa instancia manifestó «su profunda preocupación por los graves hechos que se están ejecutando en contra de la candidata de la oposición, su equipo de campaña política y demás miembros de su equipo, los cuales violan derechos humanos fundamentales y los principios constitucionales universales de la democracia».
En el texto, el IIDC expresó su voluntad de hacer llegar el comunicado a los órganos de la comunidad internacional.
https://twitter.com/IIDCUNAM/status/1770947284391399437
El fiscal general Tarek William Saab, acusó el miércoles a nueve miembros de la oposición, incluida la jefa de campaña de Machado, de ser parte de complots «desestabilizadores» que incluían manifestaciones, una campaña mediática y planes para atacar cuarteles militares, aunque sin presentar pruebas. Dijo que dos de las nueve personas, Dignora Hernández y Henry Alviárez -coordinadora política y coordinador nacional de Machado, respectivamente- ya habían sido arrestadas.
Los arrestos de Hernández y Alviárez elevan al menos a seis el número de colaboradores de Machado detenidos por su presunta participación en las conspiraciones, de las cuales nunca hay detalles y cuyas investigaciones quedan luego en el olvido.
Permitir que Machado se postule en las elecciones de julio ofrecería a Venezuela su mejor oportunidad de una contienda presidencial competitiva porque ningún otro candidato tiene ni de cerca su nivel de apoyo, dinero o maquinaria política para desafiar a Maduro. Pero el régimen la inhabilitó de forma ilegal para ocupar cargos públicos durante 15 años, una orden administrativa confirmada por el tribunal superior del país en enero.
Otros miembros de la oposición venezolana han instado a Machado a hacerse a un lado para que otro contendiente ocupe su lugar, pero ella ha insistido en continuar con su candidatura, tal vez con la esperanza de que la presión internacional pueda obligar al establishment de Venezuela a ceder en la prohibición.
“Si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y dejar sola, ténganlo claro: mi equipo es Venezuela”, dijo a los periodistas el miércoles. Añadió que su campaña continúa organizándose en todo el país y espera “mucho más que buenos deseos” de la comunidad internacional.
Machado defendió a su personal y aseguró que todas las acusaciones en su contra son falsas.
Gobierno de Venezuela incrementa la represión
Las detenciones del miércoles se produjeron horas después de que un panel independiente de expertos que investigan violaciones de derechos humanos en Venezuela dijera al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el régimen de Maduro había incrementado los esfuerzos de represión contra opositores reales o percibidos previo a las elecciones presidenciales de este año.
“La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno”, dijo Marta Valiñas, jefa del panel, al consejo que autorizó la misión de investigación. “Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”, dijo.
El año pasado, el panel informó que el Gobierno de Maduro utilizaba campañas difamatorias, detenciones, procedimientos penales, arbitrarios e incluso tortura para restringir las libertades democráticas antes de las elecciones.
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