Investigaciones penales, demandas y casos bloqueados por la inmunidad presidencial esperan a quien la semana que viene se convertirá en expresidente.
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Donald Trump no perdió solo las elecciones del 3 de noviembre. Perdió también la inmunidad. La Constitución de Estados Unidos, que detalla cómo el Congreso puede destituir a un presidente “por delitos y faltas graves” a través del proceso del impeachment, guarda silencio sobre si puede someterse a enjuiciamiento penal en los tribunales. Pero, desde hace décadas, el Departamento de Justicia sigue la doctrina, expresada en dos memorandos vinculantes de 1973 y 2000, de que un presidente en activo no puede ser procesado. Abandonada la Casa Blanca, la protección desaparece. Procesar a un expresidente sería un paso sin precedentes en Estados Unidos. Pero el juicio en el Senado por incitación a la insurrección, después de que la Cámara de Representantes aprobara esta semana el impeachment del presidente, es solo uno de los problemas legales que esperan al ciudadano Donald Trump. Estos son las principales casos e investigaciones abiertas en torno a quien esta semana se convertirá en expresidente:
Fraude fiscal en el Estado de Nueva York. La principal nube en el horizonte judicial de Donald Trump la coloca Cyrus Vance, fiscal de distrito de Manhattan. Las pesquisas que lleva a cabo desde hace dos años constituyen la única investigación penal abierta hoy por hoy sobre Donald Trump. Al ser el fiscal un cargo electo estatal, no federal, el caso no depende de la voluntad política de la próxima Administración ni estaría afectado por un eventual autoperdón presidencial. La investigación lleva atascada desde el pasado mes de septiembre, cuando el presidente pleiteó para bloquear un requerimiento de sus declaraciones fiscales y otros documentos, litigio sobre el que debe pronunciarse el Tribunal Supremo próximamente. Poco se sabe de las pesquisas de la Fiscalía, pues están protegidas por el secreto del procedimiento del gran jurado. Pero, en la documentación de la batalla por la obtención de las declaraciones fiscales de Trump, el equipo de Vance habló de “una amplia y prolongada conducta criminal en la Organización Trump” y sugirió que investiga diversos potenciales delitos financieros, desde fraude de seguro hasta evasión de impuestos, pasando por fraude bancario.
Incitación a la insurrección. Después de que el pasado 6 de enero hordas de sus seguidores asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado esta semana el segundo ‘impeachment’ de Donald Trump, por “incitación a la insurrección”. Próximamente se habrá de celebrar en el Senado el juicio. Aunque tendrá lugar con toda probabilidad cuando ya Biden ocupe la Casa Blanca, un veredicto condenatorio, que requiere el voto a favor de dos tercios de la cámara, podría dar lugar a una segunda votación (esta vez valdría con una mayoría simple) para prohibirle a Trump presentarse a un cargo federal electo en el futuro. Al margen del proceso en el Congreso, incitar a la insurrección constituye un delito federal. Pero del Departamento de Justicia debería abrir una causa separada para perseguirlo.
Obstrucción a la justicia. El fiscal especial Robert Mueller, tras dos años de pesquisas sobre la trama rusa que concluyeron en marzo de 2019, no halló pruebas de conspiración de Donald Trump con Rusia, pero evitó exonerarlo del delito de obstrucción a la justicia. Detalló numerosos episodios que, según dijo un fiscal de su equipo, constituyen “pruebas suficientes” de que Trump obstruyó a la justicia. Pero acusar a Trump “no era una opción”, explicó Mueller, pues no se puede imputar a un presidente mientras está en el cargo. Una vez fuera de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia podría decidir resucitar la investigación y procesar a Trump, lo que desataría un auténtico terremoto político.
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