La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez aseguró este martes que continuará resistiendo lo que considera abusos por parte del Gobierno de Luis Arce, al que criticó por dar prioridad a la «persecución» política y no a asuntos importantes como la vacunación contra la covid-19.
EFE
La exmandataria se refirió a estos asuntos en una carta leída por su hija, Carolina Ribera, en un mitin en La Paz al cumplirse un mes de su detención dentro de las investigaciones por la crisis de 2019 que para el oficialismo fue un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Evo Morales.
«En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad, la democracia y Bolivia», señaló la exgobernante en su carta.
Áñez aseguró estar «presa» y «en manos de la dictadura» desde hace un mes por un delito que no cometió y «que nunca ocurrió».
También sostuvo que en este mes la Administración de Arce «ha demostrado ser muy buena en la persecución y muy mala en la vacunación contra el virus» y que «ha desplegado talento para el abuso e incapacidad para crear empleo».
La expresidenta interina agradeció por el apoyo recibido y deseó «mucha salud para todos», incluidos sus «carceleros».
«Duele el abuso, duele la injusticia», lamentó.
Tras una serie de discursos de activistas políticos y detractores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), los centenares de personas que acudieron a la movilización marcharon hacia la cárcel de mujeres donde Áñez está recluida.
Jeanine Áñez fue aprehendida el pasado 13 de marzo en su región natal, la amazónica Beni, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo un fuerte resguardo policial junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también detenidos.
Las exautoridades son acusadas de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras los comicios fallidos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, que el actual Ejecutivo considera un «golpe de Estado» y para la oposición fue consecuencia de un fraude electoral a favor del entonces gobernante.
La familia de la exmandataria transitoria pidió su traslado a una clínica por los problemas de hipertensión que padece, lo que no se concretó pese a una decisión judicial en ese sentido.
Por contra, se dispuso el traslado de Áñez de una cárcel en el sur de La Paz a otra en el barrio de Miraflores, hasta donde llegó la marcha en esta jornada, alegando que allí se podría vigilar mejor su estado de salud.
Las detenciones generaron tensiones entre el oficialismo, que defiende que se busca hacer «justicia», y la oposición que denuncia una «persecución» política, además de pronunciamientos de organismos internacionales que pidieron que se respete el debido proceso.
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