La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, pidió este jueves a organismos internacionales y algunas embajadas pronunciarse sobre la «plena veracidad» del informe de la Iglesia católica por la crisis política de 2019 que el Gobierno considera fue un «golpe de Estado».
EFE
«Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada del Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia católica», expresó la exmandataria interina en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Áñez se refirió al documento «Memoria de los hechos de pacificación en Bolivia octubre 2019 – enero 2020», que presentó el Episcopado boliviano a la Santa Sede y a la Fiscalía del país este pasado martes y que describe aspectos como la sucesión de mando tras la renuncia de Evo Morales.
«Hemos escuchado la palabra de la Iglesia católica (…) queda claro hoy que nunca existió golpe de Estado en Bolivia», destacó la exmandataria interina, quien lleva más de tres meses en prisión preventiva por el caso «golpe de Estado» que deriva de una denuncia de una exparlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
También aseveró que fue Morales, antes de dejar la Presidencia, quien «pidió a la Iglesia católica y las embajadas de España y la Unión Europea convocar a una mesa de diálogo para garantizar la paz» de Bolivia.
Áñez hizo referencia al documento de la Iglesia que señala que las legisladoras del MAS Adriana Salvatierra y Susana Rivero, habilitadas para suceder a Morales, «se excusaron» para asumir la Presidencia y que ambas, según afirma, «plantearon salidas fuera de la Constitución», por lo que ella fue la siguiente opción.
La ex jefa de Estado interina también apuntó que la versión de un «golpe de Estado» es una «patraña del MAS» puesto que lo que ocurrió en 2019 fue un vacío de poder con «renuncias masivas» de funcionarios del Gobierno de Morales que, a su juicio, «tenían como objetivo dejar un país ingobernable».
Sin embargo, desde el MAS se quitó veracidad al documento de la Iglesia católica incluso partícipes de esas reuniones como Rivero aseguraron de que no se le consultó si estaba dispuesta a asumir la Presidencia del país, mientras que el Gobierno consideró pertinente que la Fiscalía indague el rol de los mediadores en aquel momento.
Áñez también se dirigió a los jueces y fiscales que conocen su caso para que ordenen su «inmediata libertad» y le «permitan» asumir su defensa fuera de prisión.
La expresidenta interina cumple reclusión preventiva en una cárcel de La Paz acusada de terrorismo, sedición y conspiración en un proceso en el que también están en prisión dos de sus exministros y algunos exjefes militares.
Aquel proceso judicial también señala al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, su padre, José Luis Camacho Parada, sobre los que la justicia todavía no ha actuado además de excolaboradores de Áñez que se declararon en la clandestinidad o salieron del país.
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