El profesor Juan Barreto, integrante del Frente Democrático Popular, propuso establecer negociaciones para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) «verdaderamente plural» y solicitó al gobierno venezolano una amnistía general para reducir la crispación en la que se encuentra el país.
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«Ha sido dañada la ruta electoral de manera severa. En estos momentos convocar a la gente a nuevas elecciones sería una falta de respeto, dado que el CNE no cumple sus obligaciones y está achicharrado en la credibilidad de la opinión pública», subrayó Barreto durante una rueda de prensa virtual realizada este viernes.
Antes de convocar nuevas elecciones «habría que establecer negociaciones para un nuevo CNE verdaderamente plural» y también tener «la garantía de que se respetarán los resultados electorales». En este momento, a su juicio, no hay condiciones para celebrar comicios, y mucho menos «cuando se anuncia que va a haber un ajuste de cuentas con los partidos políticos que no acaten la sentencia del TSJ».
Al gobierno de Nicolás Maduro, apuntó, «hay que pedirle un gesto de buena voluntad» como una amnistía para todos los presos». Insistió en que el gobierno debe, no solo amnistiar a los jóvenes encarcelados por protestar los resultados oficiales de las elecciones, sino también eliminar sus expedientes.
Esa amnistía para los presos políticos sería un gesto para «comenzar a conversar», argumentó.
Barreto remarcó que el gobierno debe «bajarle dos» a la criminalización y la persecución
Insistió en que el CNE debe cumplir con sus atribuciones independientemente de que «haya sido prácticamente anulado». El CNE «tiene que terminar el proceso» y concluir «las cinco auditorías que faltan», reiteró el profesor y analista.
La Sala Electoral del TSJ habla de hackeo, pero no presenta pruebas, no informa en qué consistió ni en qué grado afectó el proceso, resumió.
Gobierno construye nueva arquitectura
Desde la campaña Maduro ya amenazaba con que, de perder las elecciones, se iba a imponer una política de persecución, rememoró Barreto. Y, efectivamente, después de las elecciones se desató la represión contra comunicadores, dirigentes políticos y dirigentes sociales. «Han creado una escenografía del terror que ha calado hondamente en la sociedad para desmovilizarla».
El dirigente acotó que el gobierno comete peculado de uso al poner los medios de comunicación del Estado al servicio de una parcialidad política. Advirtió que se criminaliza, también, a quienes han recurrido a las instituciones a buscar respuestas. «Hay una campaña de criminalización», que llegó al colmo con el anuncio de «un paquete de leyes en marcha que terminan de crear el entorno jurídico y político para lo que significa una nueva etapa en Venezuela, una nueva base jurídica».
Se refirió a la ley sobre las ONG, a una posible ley contra el fascismo que aprobaría la Asamblea Nacional (AN), a la vigente ley sobre el odio y una anunciada ley contra partidos. «Hay mucha incertidumbre, hay criminalización de la protesta, criminalización de la acción civil y judicial», alertó.
De acuerdo con su análisis, se mantienen una campaña de odio e intimidación, acciones para represión en masa, represión selectiva y creación de nuevo andamiaje legal que permita el ejercicio de gobierno de Maduro en determinadas condiciones que no garantizan paz ni respetan las instituciones ni la Constitución.
El gobierno, evaluó, está construyendo una arquitectura que le permita una nueva forma de gobernar. «Entramos en una fase autoritaria» por parte del poder. Como colofón, adelantó que lo que viene es «lucha y más lucha».
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