Un tribunal constitucional de Bolivia determinó este lunes que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones del país, que tendrán lugar el próximo 18 de octubre.
La decisión fue tomada por Alfredo Jaimes, un magistrado nombrado específicamente para romper el empate jurídico en el que había quedad la corte, cuya votación al respecto de la semana pasada culminó con cuatro votos a favor y cuatro en contra.
Quienes se inclinaron por la negativa basaron su decisión en el hecho que Morales no cuenta con dos años de permanencia en Bolivia previos a la elección ni domicilio en el país.
En contraste, los portavoces de Morales aseguraron en reiteradas ocasiones que él “nunca ha cambiado su lugar de votación” y “tiene su domicilio oficial” en un poblado de Cochabamba, de donde es oriundo. Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), remarcó la semana pasada que no puede estar presente en el país porque “no tiene garantías constitucionales”.
Además, los representantes legales de Morales aseguraban que hay resoluciones internacionales que dan por descartada la validez de la residencia en el país y podían funcionar como precedentes válidos dadas sus características similares.
El ex mandatario dejó Bolivia -y su rol como jefe de Estado- en noviembre del año pasado tras renunciar a la presidencia, luego de semanas de conflictos social catalizados por un proceso electoral que la OEA determinó había sido fraudulento a su favor. Inicialmente voló a México y en diciembre recaló en Argentina, tras serle concedido refugio.
Desde entonces ha estado viviendo en Buenos Aires, comandando en paralelo la campaña presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) y cuya fórmula integran sus ex ministros de Economía y Relaciones Exteriores, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.
De volver a Bolivia, Morales enfrenta distintos cargos que han sido presentados en su contra por el gobierno interino de Jeanine Áñez: uno por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo y otro por estupro.
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