La justicia de Bolivia ordenó este viernes el traslado a una clínica de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quien se vio afectada por problemas de salud tras ser encarcelada de manera preventiva por un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.
AFP
Tres jueces de La Paz, encabezados por Gonzalo Montaño, resolvieron en audiencia «la salida judicial» de la ex jefa de Estado a una clínica «a objeto de su correspondiente valoración médica por especialistas de cardiología y exámenes de laboratorio para precautelar su vida y salud».
También determinaron que su traslado sea con «escolta y demás medidas de seguridad», a cargo de la dirección gubernamental de Régimen Penitenciario.
La familia espera que su transporte a una clínica, en el mismo barrio del penal, se cumpla de manera inmediata.
La decisión responde a un recurso presentado por la hija de Áñez y su defensa para trasladarla a un centro de salud con el fin de tratarle una «hipertensión arterial sistémica».
Su hija Carolina pidió entre sollozos por la salud de la exmandataria, durante la audiencia que se realizó de manera virtual a raíz de la pandemia del covid-19.
La expresidenta siguió momentáneamente la audiencia desde el penal de mujeres de La Paz, al sur de la ciudad, mediante un dispositivo telefónico. «Estoy con oxígeno», dijo. Luego trató de intervenir, pero sus palabras se escuchaban entrecortadas y el juez le pidió que evitara hablar para no aumentar más sus dolencias.
Áñez fue ingresada el domingo a la cárcel de mujeres de la ciudad de La Paz, tras ser detenida un día antes en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste), en un operativo policial.
Horas antes sus exministros de Justicia y Energía también fueron aprehendidos.
El nombre de Áñez, que dejó el poder en noviembre de 2020, figura en una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración que hizo en diciembre la exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el líder cívico de la rica región de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho, gobernador electo de ese departamento en las recientes elecciones locales.
La denuncia se refiere a los hechos que llevaron a la renuncia de Morales a la presidencia en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder y en medio de violentas protestas impulsadas por opositores que denunciaron que el entonces presidente había cometido fraude en las elecciones un mes antes, en las que buscaba un cuarto mandato.
Áñez en aquel entonces era segunda vicepresidenta del Congreso y accedió interinamente a la presidencia boliviana por la renuncia, junto a Morales, de todos los cargos anteriores en la cadena de sucesión.
Otros tres exministros del gobierno interino tienen también orden de captura, así como exjefes militares, exjefes policiales y otros civiles.
Justicia, no venganza
El presidente de Bolivia, Luis Arce, delfín político de Morales, negó las acusaciones opositoras de que al oficialismo le mueva una sed de odio y venganza hacia sus adversarios políticos.
Durante una reunión pública de mujeres campesinas alineadas al gobierno, dijo: «No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, (…) lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país».
El gobierno ha negado desde el pasado fin de semana que esté manipulando a los fiscales y jueces para encarrilar la denuncia de la exparlamentaria Patty y ha insistido que quiere que los hechos ocurridos a fines de 2019 se esclarezcan.
E insiste en que la salida de Morales del gobierno fue parte de un complot de la derecha criolla.
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