El partido fujimorista Fuerza Popular se libró por segunda vez de ser suspendido por la Justicia a requerimiento del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien investiga a esta organización y a su líder, Keiko Fujimori, por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales.
EFE
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado ratificó la decisión tomada en primera instancia por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que ya había rechazado el pedido del fiscal de suspender al partido temporalmente.
Este tribunal incluso retiró la vigilancia judicial que el anterior juez había impuesto a Fuerza Popular para seguir de cerca su comportamiento en campaña, especialmente sobre sus finanzas y financiación.
Así, Fuerza Popular continuará participando en las próximas elecciones generales convocadas para el 11 de abril, donde más de 25 millones de peruanos están convocados para elegir a un presidente y sus dos vicepresidentes, además de renovar a los 130 representantes en el Congreso y a cinco parlamentarios andinos.
TERCERA CANDIDATURA DE KEIKO
En estos comicios se postula por tercera vez a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En las dos elecciones pasadas se quedó a la puertas de ser la primera mujer en alcanzar el cargo más alto del país, pues perdió en segunda vuelta frente a Ollanta Humala (2011) y ante Pedro Pablo Kuczynski (2016), quien la superó por apenas 40.000 votos.
Pero ambas campañas electorales están bajo investigación por presunto lavado de dinero Keiko Fujimori y Fuerza Popular al supuestamente no haber declarado millonarias donaciones de grandes empresas que aparentemente ocultaron en una contabilidad ficticia.
PRESUNTO APOYO DE ODEBRECHT
Entre el dinero que presuntamente escondieron en pequeñas y numerosas donaciones falsas de personas particulares puede haber 3,6 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, y un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.
Por estas investigaciones que se remontan a 2017 Keiko pasó quince meses en prisión provisional entre octubre de 2018 y mayo de 2020, cuando salió en libertad condicional aunque con orden de comparecencia mensual ante un juzgado.
Fujimori debe recibir permisos del juez a cargo del caso cuando necesita viajar desde Lima a otras regiones del interior del país como parte de su campaña proselitista.
PRONTA ACUSACIÓN FINAL
Por su parte, el fiscal Pérez, miembro de equipo especial de la Fiscalía para investigar las implicaciones en Perú del gran caso de corrupción brasileño conocido como Lava Jato, está pendiente de presentar la acusación final contra Fujimori y Fuerza Popular para solicitar a la Justicia la apertura de un juicio.
En el momento en que se produjeron los hechos no era delito ocultar donaciones como las que presuntamente escondió Fuerza Popular y otros partidos.
Sin embargo, el fiscal cree que hubo un delito de lavado de dinero porque tanto Fujimori como la cúpula de Fuerza Popular sabían que los aportes que recibían tenían origen ilícito, especialmente en el caso de Odebrecht, que pagó sobornos de manera sistemática en Perú desde 2005 hasta 2014 para adjudicarse millonarios contratos de obra pública.
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