La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes preocupación por la profundización de la represión en Cuba después del 11 de julio, y urge al Estado a garantizar que los tipos penales contemplados en su legislación no sean utilizados de forma indebida para restringir otros derechos, o en contra de personas disidentes.
En un comunicado, la CIDH recordó a La Habana que el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que “mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social”, además, “debe asegurar las garantías del debido proceso a todas las personas detenidas y acusadas en el contexto de las protestas, siguiendo los estándares interamericanos”.
La Comisión Interamericana aseguró que ha documentado desde el pasado 11 de julio las diferentes etapas de la represión estatal, y al respecto denunció que más de 600 personas permanecen aún en detención, de ellas 598 estarían bajo el régimen de prisión preventiva; y en particular 396 tendrían sus casos en proceso de investigación; de las cuales 202 estarían en fase de juicio oral, según datos de Cubalex.
“De este último grupo, la Fiscalía habría solicitado penas privativas de libertad de entre 5 y 25 años para 198 personas, 6 de ellas adolescentes”, dice el documento.
Según la CIDH, las imputaciones de cargos por desorden público, atentado, desacato, instigación a delinquir, propagación de epidemias, sedición, manifestaciones ilícitas, daños y difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, son algunos de los cargos que se estarían utilizando para criminalizar a las personas mediante el uso de tipos penales abiertos.
Asimismo, el organismo, que promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, citó violaciones de carácter procesal como que las personas detenidas permanecen incomunicadas por semanas, además de que tienen limitadas oportunidades de comunicarse con sus familias y representantes legales.
“Organizaciones de sociedad civil manifiestan preocupación por la incomunicación o restricciones de comunicación de líderes disidentes que se encuentran privados de la libertad; entre ellos, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba; Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, y Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del Movimiento San Isidro”, dice el comunicado.
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