La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves de que ha otorgado medidas cautelares de protección a favor de 41 detenidos en Nicaragua, tras considerar que se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».
EFE
Según la solicitud que recibió la CIDH, esos prisioneros, a quienes identificaron como «presos o presas políticas» situados en siete diferentes centros penales del país centroamericano, «se encuentran en riesgo dadas las condiciones de detención y la alegada falta de atención medica en el actual contexto de pandemia por el COVID-19.
«La Comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado, pese a que fueron solicitadas», añadió ese órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esa entidad explicó que decidieron otorgar las medidas cautelares tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes.
En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias identificadas.
También adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan acceder de manera inmediata a las valoraciones especializadas en salud que sean necesarias para determinar las condiciones médicas en las que actualmente se encuentran, así como asegurar que efectivamente sean recibidas.
Asimismo, tomando en cuenta el contexto de pandemia y la situación de riesgo a la vida e integridad, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad.
EXIGEN A ESTADO CUMPLIR MEDIDAS
El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más de Nicaragua saludó las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de los 41 privados de libertad, en su mayoría «presos políticos» y familiares de los opositores detenidos.
«Las medidas fueron otorgadas para garantizar su vida, su integridad personal, frente a los actos de acoso, amenaza, asedios, hostigamientos y los atentados contra la vida que han sufrido», dijo Carlos Guádamuz, abogado de ese Colectivo.
Observó que esas medidas «adquieren importancia para proteger la vida y la seguridad personas de los beneficiarios», además que «evidencia las graves condiciones de riesgo a la que diariamente enfrentan» por parte de «un Estado que no reconoce sus derechos humanos» y que recurre «al abuso de las fuerzas».
«Exigimos implementar las medidas cautelares para salvaguardar la integridad de los beneficiarios», abogó.
Nicaragua sufre una grave crisis social, política y de derechos humanos que ha causado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 684 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.
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