La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que una comisión visitará Bolivia en los próximos días para observar la situación en medio de la crisis que provocó el fraude electoral y la posterior renuncia del ex presidente Evo Morales. Estará entre el viernes y lunes próximo.
“La Secretaría Ejecutiva de la CIDH cumple con extenderle el interés de realizar una visita de trabajo a Bolivia del 22 al 25 de noviembre con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos en el país”, informó en un comunicado.
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El texto agregó que la visita está enmarcada en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y señala que la comisión estará dirigida por el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, quien en estos momentos se encuentra en Chile, donde verifica la situación de los derechos humanos en esa nación.
Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «desplegó una misión técnica” para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.
«Bachelet desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación de Derechos Humanos. Equipo de @UNHumanRights contribuirá a esclarecer hechos de violencia y ya inició reuniones con actores nacionales”, informó desde su cuenta en Twitter la ONU Derechos Humanos.
#Bolivia🇧🇴@mbachelet desplegó una misión técnica para recabar información sobre la situación de #DerechosHumanos. Equipo de @UNHumanRights contribuirá a esclarecer hechos de violencia y ya inició reuniones con actores nacionales
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— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) November 18, 2019
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha urgido este martes al Gobierno de la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a derogar el decreto 4078 que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad que participen en “la conservación del orden público”, por considerar que puede ser interpretado como “carta blanca para la impunidad”.
El decreto 4078 dispone la participación de las Fuerzas Armadas en “la defensa de la sociedad y la conservación del orden público” para apoyar a la Policía, que se ha visto desbordada, y exime de responsabilidad penal a los militares que participen en esta tarea “cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
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La ONG ha expresado su “preocupación” porque “este decreto permite que las posibles violaciones de Derechos Humanos o los crímenes de Derecho Internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad”.
Con información de Infobae
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