Dentro de las medidas provisionales que ordenó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado de Nicaragua la liberación de cuatro candidatos presidenciales opositores, detenidos en la última oleada de arrestos en el país. El organismo señaló que el mandatario Daniel Ortega «estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho» de cara a los comicios presidenciales del 7 de noviembre.
Un día después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alarmara de la situación política en Nicaragua, denominándola de “estado de excepción de facto», la Corte Interamericana de Derechos Humanos –órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– exigió al Gobierno de Daniel Ortega la liberación «inmediata» de los presos políticos.
La resolución, anunciada este jueves 24 de junio, pide al Estado nicaragüense que libere a cuatro de los líderes opositores detenidos en las últimas tres semanas: Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla.
Todos ellos detenidos en virtud de la polémica Ley 1055 en los arrestos que está viviendo el país contra líderes políticos opositores, disidentes sandinistas, activistas, periodistas y empresarios. Al menos 20 detenidos en poco más de 25 días, bajo las órdenes del dirigente sandinista Ortega, amparado en la normativa conocida como «Ley de Soberanía», que impide que quienes sean catalogados como «traidores a la patria» puedan presentarse a cargos de elección popular.
En los últimos días han sonado con fuerza los reclamos internacionales condenando la actuación del mandatario, cuando apenas faltan cinco meses para los comicios presidenciales del 7 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora ningún organismo internacional había impuesto una resolución al respecto.
Según el texto del Tribunal Internacional, consideran necesaria la liberación de los presos políticos debido a las circunstancias excepcionales. El Estado de Nicaragua deberá adoptar «sin dilatación» las medidas necesarias para proteger eficazmente «la vida, la integridad y la libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares». Un pedido que fue solicitado el miércoles por la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
«La privación de libertad de estas personas, conlleva implícito un mensaje intimidatorio orientado a disuadir y silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad, cuestión que cobra especial importancia ante la inminencia de las elecciones generales que se celebrarán este año, situación que, de persistir, estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho», reza el texto de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Esta medida fue celebrada inmediatamente por la organización Human Rights Watch, quien esta semana solicitó tomar cartas en el asunto a Naciones Unidas con la publicación de un informe sobre los abusos de derechos cometidos por el Gobierno contra los críticos.
«Importante: la CorteIDH ordena, por decisión unánime, que en Nicaragua libere a 4 presos políticos, incluidos algunos candidatos presidenciales. La Corte concluye que las detenciones erosionan las reglas del juego democrático y el Estado de derecho», expresó en Twitter José Miguel Vivanco, jefe de HRW.
Según el organismo internacional, existen suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de gravedad, debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo sus detenciones y, por lo tanto, «la necesidad urgente de adopción de las medidas que fuesen necesarias para evitar daños irreparables a los derechos a la vida e integridad personal de los señores Chamorro García, Aguerri Chamorro, Maradiaga Blandón y de la señora Granera Padilla, y ello debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo las detenciones», explica la resolución.
Todas las detenciones de los políticos, algunos precandidatos a la presidencia, siguen un patrón de violencia, allanamiento de la vivienda, detenciones arbitrarias, incomunicación y ninguno cuenta con una acusación formal ante la Fiscalía de la nación. Unos hechos que preocupan especialmente a los familiares de los detenidos, que acusan a Ortega de «criminal» y de violar los derechos humamos.
«El único criminal aquí en Nicaragua es Daniel Ortega. Nuestros presos políticos son inocentes. Todos están siendo juzgados por leyes ilegítimas», dijo Cristina Tinoco, hija del exguerrillero sandinista y exvicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco, uno de los encarcelados.
Por este motivo, la Corte evidencia la falta de información sobre la situación procesal de los detenidos cuya liberación, exigen, sea inmediata, puesto que se trata «de detenciones arbitrarias, lo cual, dadas las características del caso, abonan la situación de urgencia y gravedad, susceptible de consecuencias irreparables, que fundan la necesidad de adoptar medidas provisionales», expresa el documento.
El órgano señaló además otros patrones como el ocultamiento del lugar de detención, la imposibilidad de asistencia jurídica de abogados de confianza o la incomunicación prolongada, alegando que sus detenciones podrían «silenciar a otros opositores políticos al poder verse expuestos a la privación de la libertad».
Para la Corte, con el panorama de fondo de las próximas elecciones presidenciales en las que el mandatario Ortega busca la reelección y su cuarto mandato, «estaría erosionando las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho» del país.
Todos los privados de liberad han sido «objeto de persecuciones y amenazas desde abril de 2018 (…) Esta situación se ha intensificado con el tiempo y encuentra su punto más álgido en 2021, a partir del anuncio de estas personas de participar en las elecciones generales de noviembre de dicho año», reza la conclusión de la Corte. Ninguno de los aspirantes a la presidencia podrán presentar en los próximos comicios, según la normativa de Ortega.
Como parte de la resolución, el Ejecutivo nicaragüense deberá informar a la CorteIDH sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento del pedido a más tardar el 8 de julio de 2021. Además, el Estado tendrá que escribir y presentar un informe mensual respecto de las medidas adoptadas de conformidad y la CIDH presentará observaciones en un plazo de una y dos semanas.
Por su parte, el presidente Ortega continúa con la retórica de un complot con las fuerzas extranjeras para derrotarlo y el miércoles declaró que las sanciones internacionales ni las condenas disuadirán a su gobierno y se comprometió a no liberar a los opositores detenidos.
«Es absurdo dejarlos libres. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo según las normas», dijo el mandatario, añadiendo que no están juzgando a políticos ni candidatos, «aquí estamos juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, tratando de organizar una vez más otro 18 de abril, otro golpe de Estado».
Con información de France 24
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