Nicaragua exigió este lunes la «no injerencia de cualquier Gobierno extranjero» en sus asuntos internos, afirmó no ser «una amenaza para ningún país del mundo», y demandó el cese de las sanciones internacionales que, según dijo, en tiempos de pandemia «eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad».
En un mensaje titulado «Nicaragua: En defensa de la soberanía nacional y el estado de derecho», el Ejecutivo se quejó de que «se está desarrollando un ataque implacable y sin precedentes en contra del pueblo y Gobierno de Nicaragua, impulsado por falsas narrativas propugnadas por medios de comunicación de la derecha y «figuras de la oposición» financiados por Estados Unidos».
Ese mensaje se da en medio de los llamados de la comunidad internacional para frenar los arrestos de opositores en Nicaragua, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia, a falta de cinco meses de los comicios en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección.
También a un día de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebre una sesión virtual extraordinaria para «abordar la situación en Nicaragua», a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
«NO REPRESENTAMOS AMENAZA PARA NINGÚN PAÍS»
«Nicaragua está comprometida con la celebración de unas elecciones generales libres, justas y transparentes el próximo 7 de noviembre. En ese sentido, Nicaragua debe exigir la no injerencia de cualquier Gobierno extranjero, dado que una opinión o declaración expresada por un Gobierno extranjero puede afectar la correcta implementación del proceso electoral», señaló el Ejecutivo.
En octubre pasado, la Asamblea General de la OEA llamó al Gobierno de Ortega a realizar reformas a la Ley Electoral que garantizaran unas elecciones creíbles a más tardar en mayo, lo que, a juicio de los opositores locales, no se ha dado.
«Como buen vecino y miembro digno de la comunidad internacional, Nicaragua no representa una amenaza para ningún país del mundo, por el contrario, Nicaragua siempre ha tenido como objetivo establecer relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación», sostuvo.
«NICARAGUA ES UN ALIADO CLAVE»
En el documento, las autoridades sandinistas resaltaron que «Nicaragua es un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado», y que «no contribuye significativamente a la migración irregular».
Asimismo, rechazó las sanciones establecidas por Estados Unidos y otros países contra decenas de familiares, empresas y allegados al presidente nicaragüense, señalados de supuestamente estar involucrados en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos.
«Nicaragua exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad», advirtió.
Las únicas sanciones legales, agregó el Gobierno, son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
OPOSITORES, «LEALES» A EE.UU.
Por otro lado, el Gobierno nicaragüense expuso su punto de vista sobre los arrestos de los opositores, entre los que destacó el de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup.
«Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al Gobierno de los Estados Unidos de América y el hecho de que, directamente o a través de sus respectivas ONGs, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID, NED, IRI y otras agencias, con el objetivo de derrocar» al Gobierno de Ortega, indicó.
Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), es acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
Las elecciones de noviembre próximo serán claves para Nicaragua, ya que estarán en juego 42 años de dominio casi absoluto del mandatario nicaragüense sobre la política local.
EFE
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