Las fuerzas de seguridad chilenas se hallan ante el desafío de recomponer el orden público mientras se encuentran cuestionadas por violar derechos humanos en su accionar e intimidadas por una violencia que, en diferentes grados, no ha cesado en los 40 días que van de protestas.
La acción policial no ha sido capaz de impedir que sigan produciéndose incendios, saqueos y disturbios, hechos que están acompañando desde su inicio al estallido social chileno, que mantiene a multitud de ciudadanos manifestándose en reclamo de un modelo socioeconómico más equitativo.
El debate sobre si las fuerzas del orden se están viendo desbordadas se ha instalado en la opinión pública en paralelo a las centenares de denuncias que se presentan contra el cuerpo policial de Carabineros por abusos y violaciones de derechos humanos.
«Es una situación difícil porque todas estas manifestaciones son distintas a las que Carabineros estaba acostumbrado, porque no estamos hablando de control del orden público sino de una situación delincuencial desatada», dijo a Efe el excoronel de ese cuerpo Pedro Valdivia.
El propio cuerpo de Carabineros reconoció la necesidad de acometer «profundas reformas» en sus procedimientos de acción ante las denuncias por abusos y el Gobierno ha puesto énfasis en dotar de más agentes a los cuerpos policiales y de poner en marcha iniciativas legales para aumentar la seguridad.
ACUERDO POR LA PAZ, LOS DDHH Y EL ORDEN PÚBLICO
El desafío al que se enfrenta Chile también fue abordado esta jornada en el Senado, donde legisladores de todas las bancadas firmaron un «acuerdo por la paz social, los derechos humanos y el orden público».
«Vemos cómo cada jornada vándalos y delincuentes se toman nuestras calles (…). Es necesario adoptar con valentía medidas para recuperar la paz, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y terminar con la violencia», recoge la declaración del Senado.
«Creemos que la democracia, el orden público y los derechos humanos son plenamente compatibles y las autoridades deben velar por su respeto», agrega el texto.
LOS CARABINEROS ESTÁN AGOTADOS
Tras una jornada de martes de alta violencia en todo el país, la difusión de un audio presuntamente grabado por un carabinero que trabajaba en la contención de un saqueo reabrió el debate sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad.
«Nos retiramos. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. Más no podemos, más no se puede», se escucha en el audio.
Al respecto, el coronel de Carabineros Julio Santelices aseguró que «los carabineros no están sobrepasados», aunque sí «agotados» tras 40 días de protestas y mostró su confianza en que lograrán «restablecer el orden público».
El excoronel Valdivia comentó que como los sucesos se dan de forma «masiva, repetitiva y simultáneamente en tantas partes de Chile no hay recursos de Carabineros que den abasto para todas esas necesidades».
Además, señaló que están participando agentes «que no tienen la experiencia necesaria para el control de la muchedumbre».
Hasta la fecha, desde que estalló la protesta el pasado 18 de octubre, Carabineros ha contabilizado más de 5.000 eventos de graves alteraciones al orden público y ha detenido a más de 15.000 personas.
MÁS POLICÍAS Y URGENCIA PARA APROBAR LEYES DE SEGURIDAD
Recomponer el orden público está siendo una de principales preocupaciones de Piñera, que este miércoles recordó que en los próximos 60 días se incrementará en 4.534 el número de agentes policiales en virtud del reintegro de personal recientemente retirado y del egreso anticipado de las nuevas promociones.
Además, solicitó al Congreso aprobar con urgencia varios proyectos en materia de seguridad, incluido uno que busca permitir que el Ejército pueda custodiar infraestructura crítica como plantas de agua potable y sistemas de telecomunicaciones, entre otros, sin necesidad de decretar estados de emergencia.
Valdivia mostró su escepticismo sobre estas medidas y señaló que «aunque Carabineros tenga 6.000 agentes nunca va a poder controlar esta situación porque se requiere una solución política que no llega y los partidos políticos no se ponen de acuerdo y el Gobierno titubea y reacciona tarde».
23 MUERTOS Y 2.670 INVESTIGACIONES PENALES
La crisis social ha dejado ya al menos 23 muertos, de los que seis fueron producto, presuntamente, de la acción de agentes del Estado, a los que organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) acusan de haber cometido violaciones de derechos humanos para contener las protestas.
La acción represora observada por estos organismos contempla abusos a los detenidos, torturas y la comisión de graves lesiones por el empleo de escopetas de perdigones y balines de goma, que entre otras cosas han provocado lesiones oculares a más de 230 personas, de las que una ha perdido la visión en ambos ojos.
Hasta el momento, la Fiscalía ha iniciado 2.670 investigaciones penales contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos.
EFE
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