La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó este lunes la estigmatización e intimidación del exfiscal general de Colombia Néstor Humberto Martínez a periodistas que investigan asuntos relacionados con sus actuaciones cuando estuvo al frente del organismo investigador.
EFE
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Así lo asegura la Fundación en un comunicado en el que señala que «esto configura una estrategia para intimidar a los periodistas que investigan y publican información de suma relevancia pública», al referirse a los casos puntuales de la periodista María Jimena Duzán y Edison Bolaños.
El comunicado explica que en varias oportunidades Martínez «se ha referido a la prensa de manera estigmatizante y ha cuestionado, sin fundamentos, las investigaciones periodísticas sobre asuntos relacionados a su gestión como fiscal general de la nación», entre 2016 y 2019.
Según la FLIP, el pasado 26 de noviembre Martínez, en una sesión en la Comisión Primera del Senado, desacreditó el trabajo de investigación realizado por distintos periodistas.
Uno de los desacreditados, dice la FLIP, fue Bolaños, reportero del diario El Espectador, alegando que «no realizó el trabajo de manera independiente ni diligente y afirmó que las decisiones editoriales tenían como propósito encubrir a (el exjefe de las FARC) Jesús Santrich».
EL ORIGEN
Alias «Jesús Santrich», cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández, fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 en una operación con fines de extradición a EE.UU. por narcotráfico en la que participó la DEA.
En mayo de 2019 la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), encargada de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado en Colombia, concedió a Santrich la garantía de no extradición argumentando que las pruebas aportadas por EE.UU. no eran suficientes.
Entonces, la JEP ordenó a la Fiscalía que lo dejara en libertad, tras lo cual Santrich abandonó el proceso de paz del cual había sido negociador y volvió a tomar las armas como disidente de la guerrilla a mediados de 2019.
El mismo día que la JEP dejó libre a Santrich, Martínez renunció a la Fiscalía con el argumento de que tal decisión era un «desafío al orden jurídico».
Según lo publicado por El Espectador, la Fiscalía de Martínez y la DEA negaron el acceso a parte del expediente a la JEP cuando tenía la competencia para decidir sobre la extradición de Santrich a EE.UU., que finalmente no concedió por falta de pruebas.
La JEP señaló este mes que de las 24.000 grabaciones de audio que, según el diario, tenía la Físcalía, solo recibió 12.
ACUSACIONES SIN PRUEBAS
En su comunicado de hoy, la FLIP recalca que Martínez cuestionó de manera enfática la independencia del periodista Bolaños «acusándolo de no haber publicado la totalidad de la información para encubrir a alguien, sin mostrar alguna prueba».
«Requerir la publicación completa del material investigativo de un periodista constituye una violación a la reserva de la fuente que, además, puede poner en peligro tanto a la fuente como al periodista», asegura la FLIP.
Adicionalmente, el organismo asegura que Martínez «no sustentó con evidencia ninguna de estas graves acusaciones y por el contrario quiso generalizar conociendo muy bien que esto debilita el trabajo de una prensa libre e independiente».
INTERCEPTACIONES Y ACOSO
De otro lado, la FLIP también rechazó que Martínez anunciara públicamente su intención de denunciar a la periodista María Jimena Duzán por haber mencionado la orden que él supuestamente había dado para interceptar a políticos y negociadores de paz.
«La FLIP tiene conocimiento de que por este asunto el exfiscal ya acosó judicialmente a Duzán, por medio de distintas acciones de tutela que pretenden amordazar a la prensa e impedir que se informe sobre asuntos relacionados a su gestión, aduciendo la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre. Estas tutelas ya han sido falladas a favor de la periodista», dice la organización.
Para la FLIP, el mensaje intimidatorio hacia la prensa de Martínez, quien suena como posible embajador de Colombia en España, alcanza un nivel contundente al referirse a la necesidad de utilizar el derecho penal en contra de los periodistas.
Por último, el organismo señaló que «tiene conocimiento de que quienes están investigando asuntos relacionados con la gestión del exfiscal han tenido que solicitar medidas de protección».
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