La anulación de una orden de aprehensión contra el expresidente boliviano Evo Morales ha sido seguida en ese país por la retirada de cargos contra exmiembros del que fue su gobierno, en un cambio de actuación de la Justicia tras la victoria electoral de su partido.
EFE
Después de que hace una semana un juzgado anulara varios actos del proceso abierto por supuestos delitos como terrorismo y sedición contra Morales, entre ellos una orden de aprehensión, el mismo rumbo han seguido otras causas contra exfuncionarios de su gobierno.
El caso más reciente fue el del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, considerado uno de los hombres fuertes de la anterior Administración de Morales, quien fue acusado por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez por los supuestos delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir.
En una sesión convocada para las 21.00 locales del sábado (1.00 GMT de este domingo), la jueza boliviana Claudia Castro anuló la orden de aprehensión contra Quintana.
La «audiencia de acción de libertad» se efectuó a solicitud de la defensa del exministro, quien se encuentra en la residencia de la embajada mexicana en La Paz desde noviembre de 2019 junto a otras exautoridades del gobierno de Morales.
Cerca de la medianoche en la Sala Penal Segunda de La Paz se realizó una audiencia similar para el dirigente cocalero Faustino Yucra, que fue filmado recibiendo por teléfono instrucciones supuestamente de Morales para bloquear el ingreso de alimentos a las ciudades durante la crisis política y social vivida en Bolivia hace un año.
Por ahora, no ha trascendido el resultado de la audiencia de Yucra, recluido desde abril pasado en el penal de Palmasola, en la región oriental de Santa Cruz, acusado por los supuestos delitos de terrorismo y sedición, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y fabricación ilícita de explosivos.
Hace unos días, otro juzgado boliviano anuló la orden de aprehensión contra el exministro de Justicia de Morales Héctor Arce, investigado por el supuesto fraude electoral de 2019 y que también se encuentra en la residencia mexicana desde hace un año.
LAS CRíTICAS
El Gobierno transitorio aún no se ha pronunciado sobre la decisión judicial a favor de Quintana, pero sí lo hizo en Twitter el empresario y político Samuel Doria Medina, detractor de Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El ganador de las elecciones generales, Luis Arce, «aún no asume el cargo de presidente y ya se puede apreciar la descarada manipulación de la justicia que realiza el MAS. Al parecer todo vuelve a ser como antes, la justicia será para proteger a los suyos y castigar a los opositores», lamentó Doria Medina.
La investidura de Arce y de su vicepresidente, David Choquehuanca, está prevista para el próximo 8 de noviembre.
La retirada de la orden de aprehensión contra Morales sí fue criticada por Áñez y otras autoridades del Gobierno transitorio que han reclamado que haya independencia judicial.
Las críticas también apuntan a la lentitud con que fueron llevados estos procesos, que finalmente se agilizaron tras las elecciones del pasado 18 de octubre.
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