La lentitud en la investigación del asesinato del joven Romario Veloz, presuntamente a manos de un militar durante una protesta en Chile en octubre de 2019, llevó a su madre, Mery Cortez, a hacer una «performance» y desnudarse frente a la sede del Gobierno para exigir «justicia».
EFE
«Tengo que llamarle la atención a este caballero (el presidente Sebastián Piñera) de una forma u otra. No me ha valido el Senado ni la Cámara de Diputados, así que he venido a meterme en la boca del lobo», explicó Cortez a Efe horas antes de su intervención para la que viajó 500 kilómetros desde una región al norte de Chile.
Con el pecho al descubierto y el mensaje de «Justicia para Romario» escrito en la piel, la madre desfiló por las calles capitalinas escoltada por varios miembros de organizaciones de derechos humanos y afrodescendientes.
Minutos después, y encaramada a la verja del Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo del conservador Sebastián Piñera, increpó directamente al mandatario y exigió que se investigue la causa de su hijo, por la que todavía no hay ningún agente imputado.
Romario Veloz, estudiante ecuatoriano de 26 años, fue asesinado supuestamente por un militar el pasado 20 de octubre, tres días después del comienzo de la actual crisis social en Chile, durante una manifestación en La Serena, 500 kilómetros al norte de la capital.
Se trata de uno de los más de treinta fallecidos durante las manifestaciones desde el 18 octubre de 2019, cuando estalló la crisis, considerada la más grave desde el retorno a la democracia en 1990.
«COMO ERA NEGRO, ERA UN BLANCO FÁCIL»
Cortez se enteró de la muerte de su hijo por redes sociales: «Han matado a un negro en las protestas», decía un mensaje en Twitter. Nunca la llamaron desde el hospital al que fue trasladado el cadáver del joven y cuando lo localizó tampoco le dejaron verlo, denuncia la madre.
«El que mató a mi hijo lo hizo con dolo, como era negro era un blanco fácil», lamentó Cortez y explicó que al caso de su hijo se suman las consecuencias del «racismo institucional» que han complicado todavía más la investigación.
«Yo pensé que con su muerte terminaba la historia, pero es ahí cuando empezó recién mi calvario», agregó.
UN AÑO SIN AVANCES JUDICIALES
Casi doce meses después del asesinato, la madre del fallecido denuncia las trabas burocráticas que tuvo que enfrentar tras la pérdida de su hijo y la lentitud de los procesos judiciales para tratar de encontrar, sin ningún fruto, al asesino.
«Ya ha pasado un año y todavía no tengo nada para decirle a mi hijo: ‘Hemos logrado encontrar a tu asesino'», clamó la mujer.
El caso de Veloz, que está siendo investigado por una fiscalía regional, escaló al Senado el pasado mes septiembre y por la causa fueron citados a declarar, en una comisión de derechos humanos, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y la máxima autoridad de Carabineros de Chile, el general Mario Rozas.
En esta instancia se rechazó abrir una investigación interna en el Ejército de Chile, explicó a Efe la abogada que lleva la causa, Adriana Rojas, quien apuntó a que esta decisión de no indagar en el cuerpo militar tiene «causas políticas».
Al caso de Romario se suman el de otras 8.574 víctimas de supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde que comenzaron las manifestaciones, según el Ministerio Público.
De las miles de causas abiertas se ha formalizado a 63 agentes policiales, que se encuentran bajo medidas cautelares, en 29 casos distintos, 18 de ellos en prisión preventiva por delitos de tortura.
La lentitud de las investigaciones ha llevado a numerosas organizaciones sociales, como el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a demandar celeridad y más recursos para el tratamiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
En la misma línea diversos organismos internacionales como ONU, Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) denunciaron un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes e instaron al Gobierno a investigar «exhaustivamente» los episodios de violaciones a los derechos humanos durante las protestas.
Chile vive, desde hace casi un año, la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que comenzó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en un clamor popular por un modelo socioeconómico más justo.
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