La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela hizo una actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño y acusó régimen de Nicolás Maduro de seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe actualizado sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La Misión, que investigó durante el año pasado presuntas violaciones de derechos humanos reportadas en el país entre enero de 2020 y agosto de 2023, encontró que hay motivos razonables para creer que al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias fueron cometido durante ese tiempo. La Misión también documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, incluidos 19 casos de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres durante el mismo período.
«En Venezuela siguen ocurriendo graves violaciones de derechos humanos. En años más recientes, estos incidentes han estado más dirigidos contra ciertos miembros de la sociedad civil, incluidos líderes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos», dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Siguen existiendo mecanismos de represión, lo que hace que la vigilancia internacional de los derechos humanos en Venezuela sea más crucial que nunca”.
La crisis política y de derechos humanos en Venezuela experimentó un cambio a finales de 2020 y principios de 2021, marcado por la interrupción de protestas masivas de la oposición y de actos de rebelión e insurgencia. En períodos anteriores, se utilizaron tácticas de represión de “línea dura” para silenciar las voces de la oposición mediante la comisión de delitos, como lo documentó ampliamente la Misión.
Sin embargo, las estructuras represivas del Estado no han sido desmanteladas, y el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos por reducir el espacio cívico y democrático, restringiendo las libertades individuales y colectivas y endureciendo su control y restricciones sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos. , los medios de comunicación y los partidos políticos.
A HRC 54 57 UnofficialTranslation by AlbertoNews on Scribd
El Estado ha utilizado continuas amenazas, vigilancia y acoso, junto con la difamación y la censura, para silenciar, desalentar y reprimir cualquier oposición real o percibida.
«Juntos, estos dos tipos de mecanismos -‘duros’ y ‘suaves’- forman un aparato estatal opresivo, que se utiliza con distintos niveles de intensidad, según la naturaleza y la fuerza de la disidencia social», afirmó el experto Francisco Cox. con la Misión: “Esto demuestra la capacidad de adaptación del Estado para silenciar las críticas”.
En un caso, un grupo de seis sindicalistas que simplemente habían estado exigiendo mejores condiciones laborales fueron condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión después de haber sido detenidos arbitrariamente y maltratados bajo custodia durante más de un año.
«Al penalizar la participación en actividades legítimas, el Estado está silenciando y creando un efecto paralizador sobre cualquiera que considere participar en cualquier actividad que pueda ser percibida como crítica al Gobierno», dijo Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión. «La falta de independencia y las acciones deliberadas de las instituciones judiciales y constitucionales, incluidos el Contralor y el Consejo Nacional Electoral, limitan la capacidad de los líderes sociales y políticos para operar libremente. Estas dinámicas asfixian y suprimen el debate político.»
Este contexto es particularmente alarmante ahora que Venezuela se acerca a las elecciones presidenciales de 2024. Al menos tres candidatos de la oposición han sido descalificados por el Consejo Nacional Electoral, sumándose a otros políticos conocidos a quienes se les prohíbe postularse para cargos públicos.
En su informe de 2020, la Misión identificó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de operativos de seguridad para combatir el crimen.
En ese mismo informe, la Misión documentó la participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas opositoras al Gobierno, algunas de las cuales fueron sometidas a actos de tortura o malos tratos por parte de servicios de inteligencia del Estado.
En su última actualización oral de marzo, la Misión encontró que a pesar de la supuesta disolución de las FAES en 2022, hay indicios de continuidad entre esta fuerza de seguridad y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022.
ÚLTIMA HORA | La Misión de la ONU para Venezuela confirmó que el régimen de Nicolás Maduro continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos (Detalles) https://t.co/doQB4uqof6 pic.twitter.com/XbwmyHYgiB
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) September 20, 2023
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
