La situación humanitaria en el norte de Mozambique, zona asolada por un conflicto yihadista que ya ha causado más de medio millón de desplazados internos, es «nefasta» y sigue deteriorándose, advirtieron este miércoles representantes de diversas agencias de las Naciones Unidas.
EFE
Tras una misión conjunta sobre el terreno en diciembre, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Programa Mundial de Alimentos (PMA) -y otras-, emitieron hoy un mensaje de alarma.
«Necesitamos incrementar urgentemente nuestra presencia en (la provincia norteña de) Cabo Delgado para poder ayudar a los que lo necesitan, especialmente mujeres y niños», señaló hoy la directora regional del PMA para el sur de África, Lola Castro, en una rueda de prensa virtual.
De acuerdo con las agencias de la ONU y recuentos del Gobierno mozambiqueño, más de un millón de personas dependen de ayuda humanitaria y ya hay al menos 565.000 desplazados en siete provincias del país, la inmensa mayoría en Cabo Delgado.
Preocupa especialmente la situación de las mujeres y los niños, ya que son cerca de 15.000 las embarazadas entre aquellos que han tenido que huir de sus hogares.
En palabras de Valentin Tapsoba, director de la Oficina Regional para el sur de África del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es necesario «actuar inmediatamente para evitar una catástrofe humanitaria».
Se espera, además, que los desplazamientos forzosos sigan aumentando, espoleados no solo por la violencia yihadista sino también por un clima más extremo con posibles inundaciones y tormentas tropicales debido a la estación de lluvias.
El acceso a la zona del conflicto, además, es muy complicado por motivos de seguridad, con áreas completamente aisladas a las que no llega la ayuda humanitaria y donde se producen ataques, secuestros y decapitaciones de la población civil.
El conflicto yihadista que afecta al norte de Mozambique comenzó en 2017 con la aparición de Al Shabab; un grupo que pese a ser homónimo, no está vinculado a la organización terrorista somalí leal a Al Qaeda, sino que ostenta lazos con el Estado Islámico (EI).
Desde entonces, la violencia no ha parado de crecer en esta región estratégica rica en piedras preciosas (rubíes) y gas natural, de cuya extracción participan grandes multinacionales como la italiana ENI o la estadounidense Anadarko.
El contexto de inseguridad viene también marcado por la violencia del propio Ejército mozambiqueño, acusado en su campaña antiterrorista de ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias de sospechosos yihadistas, según ONG.
Según Amnistía Internacional, sólo en los primeros cuatro meses de 2020 los ataques violentos perpetrados en Cabo Delgado por parte de Al Shabab aumentaron en un 300 % respecto al mismo periodo de 2019, y la cifra de muertos civiles supera las 2.000 personas.
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