La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) denunció este viernes la “erosión” de los derechos de las mujeres desde la toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto, así como su “profunda preocupación” por los informes de asesinatos contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad.
“Los talibanes todavía tienen que cumplir con sus compromisos de proteger los derechos de todos los afganos. Las mujeres y las niñas en particular han asistido a una erosión de sus derechos desde el 15 de agosto de 2021″, lamentó la UNAMA en un comunicado con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra este viernes.
Aunque el régimen fundamentalista ha insistido desde su llegada al poder en que las mujeres podrán volver en un futuro a sus puestos de trabajo o a la escuela, hasta ahora no han tomado medidas para cumplir con sus promesas.
En la práctica, los talibanes han impedido la reapertura de las escuelas de educación secundaria para niñas y cerrado las oficinas gubernamentales para las empleadas.
El Gobierno interino de los fundamentalistas debe “demostrar su apoyo a los derechos de todos los afganos”, instó la misión de la ONU.
“Los principios de igualdad y no discriminación son fundamentales para el disfrute de los derechos humanos por todos. Llamamos a los talibanes a hacer de estos principios una realidad cotidiana en Afganistán”, dijo la representante especial de Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons.
La UNAMA también indicó su “profunda preocupación” por los “informes creíbles en los últimos meses de asesinatos, uso de violencia y desapariciones forzosas contra antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, el Gobierno y la sociedad civil”.
La semana pasada, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció que los talibanes han ejecutado o sometido a desaparición forzosa a más de 100 antiguos miembros de la Policía y los servicios de inteligencia afganos desde que llegaron al poder.
Pese a las promesas de cambio de los talibanes en comparación con su régimen entre 1996 y 2001, que estuvo marcado por su estricta interpretación de la sharia (ley islámica), numerosos organismos internacionales han expresado su preocupación ante posibles violaciones de los derechos humanos en Afganistán.
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