La Organización de las Naciones Unidas instó este lunes al régimen de Daniel Ortega a “revertir el rumbo” y poner fin a las “graves violaciones de derechos humanos” en Nicaragua, donde un obispo católico continúa preso y los opositores son perseguidos, en un ambiente político donde “la impunidad es la norma”.
Por Infobae
Así lo señaló la Alta Comisionada Interina de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, en una declaración presentada durante una sesión realizada en Ginebra para actualizar la situación nicaragüense.
“Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la población, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas”, dijo Al-Nashif, quien se declaró “descorazonada” por el “continuo distanciamiento” del régimen de Ortega del Estado de Derecho y otros principios democráticos fundamentales.
“Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo”, añadió.
La Alta Comisionada Interina señaló que, a cinco años de las protestas sociales de 2018, el régimen sandinista sigue persiguiendo a líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de derechos humanos y periodistas. Muchos están en el exilio “sin posibilidad de retorno”, mientras los que permanecen en el país “están bajo amenaza constante o se enfrentan a una serie de graves violaciones de derechos humanos”.
Entre los 71 opositores presos registrados por su oficina, Al-Nashif mencionó al obispo católico Rolando Álvarez, privado de libertad desde hace más de un año y que en febrero fue condenado a 26 años de prisión. Indicó que Álvarez se encuentra “sometido a un prolongado régimen de aislamiento” con deficiente alimentación y atención médica. “Sus condiciones carcelarias violan las normas internacionales”, resaltó.
También citó el caso de los diputados indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, encarcelados recientemente y cuyo partido Yatama fue suspendido y no podrá competir en los comicios regionales de la costa Caribe en marzo próximo.
Al-Nashif dijo que ha documentado 30 casos de nicaragüenses a quienes el gobierno les ha impedido ingresar a su país desde junio así como violaciones a los derechos humanos de personas desterradas y despojadas de su nacionalidad y propiedades.
“Es importante que haya una vigilancia internacional sobre los derechos humanos en Nicaragua y esto debe ser una prioridad hasta que logremos cooperar mejor” con el país, subrayó.
Durante la sesión, la procuradora general de Justicia de Nicaragua, Wendy Morales, intervino con una declaración en video en la cual justificó la posición del gobierno frente a la disidencia. A su turno, representantes de Cuba, Rusia, China, Venezuela y Corea del Norte, entre otros, cerraron filas a favor del “respeto a la soberanía de Nicaragua” y exigieron a la ONU “no politizar” los debates.
Los aliados de Ortega también pidieron levantar las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a funcionarios y entidades oficiales. “Es inaceptable que los mecanismos de derechos humanos presionen a Nicaragua con información de fuentes dudosas”, alegó el representante ruso.
Del otro lado, hubo condenas fuertes al régimen sandinista por parte de Francia, cuyo representante recordó que más de 3.000 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas en los últimos dos años. “La sociedad civil de Nicaragua está desapareciendo bajo una brutal espiral de represión”, afirmó.
El representante de Ecuador instó al gobierno de Managua a restablecer “el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos” y promover un “diálogo nacional” que permita “el retorno de la democracia”.
De igual forma, Perú expresó su “preocupación por el sostenido deterioro de los derechos humanos”, mientras Suiza y Nueva Zelanda condenaron recientes despidos masivos en el Poder Judicial de personas consideradas disidentes. “Seguimos reclamando el cese de la represión contra la sociedad civil”, dijo el representante suizo.
“Argentina no acepta que se invoque temas de soberanía, desarrollo o sanciones económicas para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, afirmó el representante del recién instalado gobierno del presidente Javier Milei, mientras el delegado de Ucrania demandó a Ortega “la libertad inmediata e incondicional de todos los opositores encarcelados”.
Nicaragua vive una grave crisis que se inició tras la revuelta social de 2018, cuando policías y paramilitares reprimieron las protestas civiles con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos y decenas de miles de desplazados y exiliados, según organismos humanitarios.
El país alcanzará la cifra récord de 804.000 desplazados -el 11,34 % de su población- al finalizar 2023, debido a la crisis sociopolítica, según los cálculos de una ONG nicaragüense divulgados este lunes.
“A septiembre del 2023 al menos 642.397 nicaragüenses se habían visto obligados a desplazarse fuera del país, y, según estimaciones, si la curva migratoria continuaba, al cierre de este año esa cifra alcanzaría las 804.000 personas, lo que representaría el 11,34 % de nuestra población”, indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en una declaración con ocasión del Día Internacional de la Persona Migrante.
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