La pandemia agudizó las malas condiciones de millones de presos en las cárceles latinoamericanas, conocidas por el pésimo estado de la infraestructura, el hacinamiento y la violencia.
Por ActualidadRT
Distintos organismos han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el incremento de malos tratos, aislamiento, cancelación de visitas y reducción del monitoreo por parte de defensores de derechos humanos.
En México, especialistas urgen a pensar en una reforma penitenciaria integral a nivel federal, abordada con voluntad política y recursos económicos para hacer frente a una de las peores crisis de inseguridad y violencia que vive el país.
Roberto Carlos, un exrecluso que estuvo preso en dos ocasiones cinco años atrás por delito de robo, comenta que desde el primer día que comió en la cárcel lo hacía en una botella partida en dos.
«Yo llegué y me tocó dormir en el piso durante casi dos años y medio. Dormí en el piso y ya después de ahí ya me dieron un camarote. Éramos 8 en camarotes, y en el piso éramos como 10», asegura.
Actualmente, la realidad no es muy diferente. Hasta julio de 2021, había unas 220.000 personas privadas de la libertad en 288 centros penitenciarios del país, la cifra más alta en lo que va de esta administración.
El total supera la capacidad instalada, cifras oficiales dan cuenta de 133 penales sobrepoblados.
Saskia Niño Rivera, fundadora de la organización Reinserta un mexicano, considera que el tema es la existencia de hacinamiento, lo que difiere de la sobrepoblación. «Que es: tenemos a demasiadas personas en una sola cárcel y luego tenemos menos personas que en otras cárceles».
Sin embargo, este problema se extiende en toda la región de Latinoamérica.
En el caso de Brasil, las personas privadas de la libertad duplican la capacidad para la que fueron diseñadas sus cárceles, ubicándose en la tercera posición con más reclusos del mundo, solo por detrás de EE.UU. y China.
Mientras que en Ecuador, las autoridades decretaron estado de excepción para el sistema carcelario, debido a la sobrepoblación y la violencia al interior de los centros penitenciarios.
En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha alertado sobre la insuficiencia de personal de seguridad, inadecuada clasificación de las personas privadas de su libertad y deficientes condiciones materiales y de higiene.
Según su informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, el impacto de la pandemia de covid-19 en las cárceles se tradujo en cerca de 3.000 personas contagiadas y 176 fallecidas.
Niño de Rivera, denuncia que «las cárceles hoy por hoy se están cayendo a pedazos y eso es por años y años y años de falta de presupuesto en el sistema penitenciario».
Durante 2020, el presupuesto ejercido por los centros carcelarios estatales y federales mexicanos rondó los 1.805 millones de dólares, una disminución de 1,4 % respecto al año anterior.
Quienes han pisado la cárcel, saben que adentro no tienen asegurados sus derechos, que denunciar amenazas a las autoridades no sirve de nada y que, incluso, si necesitan recibir atención médica, tienen que pagar por ella.
«Créeme que tendrías que ir casi con las tripas fuera para que te pudieran atender, o a menos que pagaras, o sea, eran las únicas dos formas», expone Roberto.
Las irregularidades de la situación jurídica de los prisioneros también representan un problema. En México, 4 de cada 10 personas se encuentran en una celda en espera de un juicio.
Antonio, exreo y empleado de Prision Art, fue declarado culpable casi tres años después de haber ingresado a la cárcel y aunque apeló la decisión, el tiempo con su familia no pudo recuperarlo.
«Tratamos de decirle a mi hija que yo estaba trabajando. Bueno eso, pero ella se dio cuenta, obvio», manifiesta.
Para despresurizar las cárceles mexicanas, el Gobierno promovió la ley de amnistía, que tenía como objetivo reparar el daño a personas privadas de la libertad que cometieron delitos menores y pertenecen a grupos vulnerables. Sin embargo, esta solo ha procedido en 39 casos.
Aun sin este mecanismo, en los últimos tres años se ha liberado anticipadamente a más de 4.500 personas.
«Y eso fue, no que no hayan más personas que puedan salir por la ley de amnistía, sino que no hay la suficiente infraestructura de abogados que puedan realizar expedientes y procesar quienes puedan estar o verse beneficiados por la ley de amnistía», añade Saskia.
La actual Administración ha reubicado a cientos de reclusos tras el cierre del Centro Penitenciario de Islas Marías, pero al mismo tiempo, ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto ha provocado un disparo en la población carcelaria como no se había visto en la última década, echando abajo los pocos avances de la reforma al sistema penitenciario que, según especialistas, urge que sea replanteada.
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