La pandemia puso en evidencia y recrudeció la falta de garantías en temas de derechos humanos en Latinoamérica, con gobiernos en algunos países usando como excusa el COVID-19 para reprimir y cortar aún más la libertad de expresión, indican expertos.
Por Alejandra Arredondo | VOA
El malestar social que desató decenas de protestas en países como Colombia, Chile o Bolivia en el 2019 no desapareció y se sumó al memorial de agravios la falta de una estrategia adecuada para satisfacer las necesidades de la población una grave crisis económica y de salud, dijo a la Voz de América Erika Guevara-Rosas, directora para las América de Amnistía Internacional.
“La principal amenaza [a los Derechos Humanos en Latinoamérica] es la evidente incapacidad de los gobiernos para dialogar con sus ciudadanías”, dijo Guevara-Rosas y añadió que “la gran mayoría” de la respuesta estatal a las demostraciones ha sido la represión violenta.
Venezuela y Nicaragua, dos países que desde hace más de dos años atraviesan una profunda crisis política y social, son los ejemplos más extremos del actuar desproporcionado de las fuerzas del estado contra la disidencia ciudadana.
En Nicaragua, la criminalización de la protesta ha tenido como consecuencia que más de 1.600 personas hayan sido privadas de su libertad desde el 2018 —el año en que comenzaron las protestas contra el gobierno—, según un informe de la CIDH.
Venezuela, por su parte, la disidencia política se ha visto perseguida desde el 2014, con más de 400 prisioneros políticos en el país, según la organización Foro Penal. Bajo la excusa del COVID-19, el gobierno aprovechó para imponer medidas de mano dura contra periodistas, abogados de derechos humanos y opositores, según un reporte del organismo Humans Right Watch.
En Suramérica también, la ola de protestas en Perú en contra del poder político es el ejemplo más reciente de la represión policial ante el descontento de los ciudadanos. Los enfrentamientos, a principios de noviembre desencadenados por la destitución del entonces, presidente Martín Vizcarra, dejaron por lo menos 60 personas hospitalizadas y dos muertos.
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