Casi un tercio de la población en Perú (3.330.000) no puede cubrir sus necesidades básicas. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La pandemia incrementó en 10 puntos porcentuales la pobreza, empujando a tres millones de nuevos pobres a la precariedad. Los datos confirman algo que se veía desde mayo del año pasado, cuando decenas de miles abandonaron las ciudades donde se ganaban la vida para volver al campo, donde no tendrían que pagar un alquiler. Hoy son 10 millones de pobres en el país andino.
Una de las consecuencias de la crisis económica para paliar el hambre ha sido la formación de miles de ollas comunes organizadas principalmente por mujeres, que buscan donaciones de dinero o de alimentos, o gestionan ante las municipalidades la entrega de víveres. A veces no consiguen ni una ni otra. Estas ollas, en la que se cocina al aire libre y con leña de fuego una comida, han salvado a miles del hambre durante la pandemia.
María Tarazona, de 46 años y tres hijos, coordina una olla común de la que se alimentan 53 familias en el asentamiento humano Laderas de Chillón en Lima norte. “La mayoría en mi barrio perdió su trabajo estable, hoy salen a buscar objetos para reciclaje o como vendedores ambulantes, pero la Municipalidad los bota de la calle”, refiere Tarazona. La olla común Mi comunidad en acción se abastece del dinero que paga cada familia, independientemente de la cantidad de raciones que lleve.
“Son tres soles (80 centavos de dólar), pero a veces pagan uno o dos soles porque no tienen de dónde trabajar, no todos pagan”, explica Tarazona. Entre abril y mayo por primera vez recibieron alimentos de un programa del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social que antes de la pandemia entregaba víveres a las escuelas para los desayunos. “Recibimos legumbres, arroz, aceite, azúcar, avena y algunas conservas de pollo, pero servimos 190 raciones por día, por eso tenemos que buscar por otra parte las patatas, el pollo o el pescado. A veces la parroquia Damian de Molokai nos apoya”, describe.
Cuando Tarazona tenía a sus bebés pequeños pasó por un momento económico difícil como jefa de familia y pudo alimentarlos en un comedor popular, una red ciudadana de subsistencia que surgió en la década de los 80 en Perú. “Las señoras que conocí no me dieron la espalda y traté de salir adelante. Esta vez me tocó ayudar a mí, aunque no sea económicamente”, relata. Ella misma perdió su trabajo en la pandemia, vendía menús a una fábrica que paralizó actividades por unos meses y luego no continuó debido a restricciones de bioseguridad.
Mayor pobreza urbana
Fueron los Limeños los más afectados por la pandemia. El reporte del INEI precisa que la jurisdicción con más incremento de personas que no pueden cubrir el costo básico de una canasta de consumo ha sido Lima Metropolitana: en 2019 registraba 14% de población en pobreza y pasó a 27,5%. La pobreza en 2020 afectó al 45,7% de la población rural -donde creció 4.9% respecto de 2019- y al 26% de la población urbana -con un incremento de 11%-. En el desagregado, la zona geográfica más golpeada es la sierra rural, donde hoy el 50% vive en pobreza, indica el instituto. La entidad sostiene que el incremento “de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de las actividades económicas, ante el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio” por la covid-19 desde marzo de 2020, “y que fuera ampliado a través de diversos decretos supremos”.
”Con el transcurrir del tiempo ha aumentado el número de ollas comunes en Lima, la mayoría ya tiene un año de fundada y cada vez nos llegan más solicitudes debido a la escasez de víveres”, comenta la trabajadora social Gianina Meléndez, integrante de un colectivo de voluntarias llamado ‘Manos a la olla’, que colabora con 32 ollas comunes en Lima sur. El colectivo calcula que en 30 distritos de Lima hay 2.034 ollas comunes de las que se alimentan 220.000 personas.
”Algunas han cerrado, pero no porque las personas hayan recuperado sus trabajos. Nos escriben diciendo ‘ya no hay víveres’, y eso es una gran preocupación porque hay familias que no saben qué van a comer”, agrega. La trabajadora social cuenta que el más reciente pedido de apoyo que han recibido es de la olla común San Juan de Dios -formada por personas con discapacidad- que no ha recibido atención del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. “Es una población bastante olvidada. Si no tienen una gravísima discapacidad no reciben del Estado el carnet amarillo para el transporte público gratis. Tienen que gastar en taxi, a costa de sus necesidades”.
Meléndez, quien integra una mesa de trabajo seguridad alimentaria, señala que el Gobierno se fijó tardíamente en las ollas comunes, en agosto. “Pero además, ninguna entidad quiere asumir la responsabilidad de distribuir alimentos para las ollas comunes”, anota. El programa complementario de alimentación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social entrega insumos a las municipalidades y estas deben distribuirlos a las ollas comunes empadronadas, pero no hay supervisión ni orden. “Algunas lideresas de ollas dicen que las municipalidades les entregan alimentos dos meses y luego ya no más. Hay desorden en los gobiernos locales para gestionar y ejecutar. El Ministerio ha anunciado que va a formar equipos de fiscalizadores, pero las lideresas de las ollas están organizadas, ellas mismas deberían hacerlo”, lamenta la vocera del colectivo.
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