El comandante de la Policía Nacional de Ecuador, Patricio Carrillo, ha admitido este miércoles el uso de gases lacrimógenos caducados desde 2015 durante las protestas que sacudieron la país en octubre de 2019, y que se emplearon más de 38.000 unidades pues «no les quedó otra alternativa» que utilizarlos.
EFE
Ante la falta de prohibición del uso de gases lacrimógenos caducados y la cantidad de bombas lacrimógenas que se usaron, el comandante ha explicado que no les quedó otra alternativa de usar unidades caducadas. Estas fueron adquiridas en 2010 y caducaron a finales de 2015.
«Este es un tema interno de la Policía y lo que no encontramos es una prohibición y ante la no prohibición nos vimos en la necesidad de utilizar ese elemento. No teníamos más», ha explicado Carrillo, según informa ‘El Comercio’, y ha indicado que la autorización se dio desde el comando general de la institución.
El comandante ha explicado que se solicitó «un informe técnico para saber la composición del material» en el que se concluía que «independientemente de la fecha de fabricación produce los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas».
Carrillo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento como parte del proceso del juicio político que se está llevando a cabo contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por las acciones del Gobierno durante las protestas sociales de año pasado.
En su declaración, el comandante ha defendido la labor de la Policía durante las protestas tras asegurar que el uso de la fuerza siempre fue progresiva y no se empleó armamento letal.
Asimismo, ha justificado la actuación policial en los alrededores de la universidades Católica y Salesiana, en Quito, donde se refugiaron grupos de indígenas que participaban en las manifestaciones y en contra las que se lanzaron gases lacrimógenos.
Romo está siendo investigada por el uso de bombas lacrimógenas caducadas, la activación tardía del comité de protección a periodistas y el incumplimiento de funciones durante los 11 días del paro nacional. El próximo 31 de octubre está cita a declarar frente a la Comisión de Fiscalización.
El 5 de noviembre está previsto que esta comisión emita un informe en que se recomiende a la Asamblea Nacional desestimar o continuar con el proceso de enjuiciamiento a Romo, en la que se necesitarían un mínimo de 70 de los 137 para destituirla.
La derogación de los subsidios al combustible por parte del Gobierno de Lenín Moreno en 2019 desencadenó el 3 de octubre de ese mismo año unas manifestaciones que se extendieron hasta el día 13 y durante las cuales el presidente llegó a decretar el estado de excepción.
La ola de protestas que vivió Ecuador en 2019 se saldó con al menos nueve muertos y unos 1.500 heridos.
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