La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las detenciones arbitrarias de periodistas y la persecución sistemática de medios y voces disidentes en Venezuela durante el período poselectoral. La RELE llama a la comunidad internacional a rechazar las medidas de censura y prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente por el régimen.
Detenciones arbitrarias
Durante el período poselectoral, la Relatoría Especial ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTI+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad.
La Relatoría Especial ha seguido de cerca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin que se tenga conocimiento de su paradero. El SEBIN y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) niegan tenerlo bajo su custodia; asimismo, las autoridades se habrían negado a recibir una denuncia y habeas corpus presentado en su favor. Ronald Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH otorgada debido a la gravedad de su situación y la urgencia del riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la «Ley Contra el Odio», sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública. También se reportan alegaciones de manipulación o fabricación de pruebas por parte de las autoridades. Además, la RELE ha recibido informes sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión por parte de funcionarios. Las familias de periodistas acusados de terrorismo enfrentan obstáculos adicionales, incluyendo dificultades para trasladarse al área metropolitana de Caracas, donde se encuentran los tribunales especializados.
Persecución y criminalización de la prensa
La RELE alerta a la comunidad internacional sobre el aumento de la represión del régimen venezolano contra periodistas y medios de comunicación en el contexto poselectoral. Las agresiones comunes incluyen allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión. Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público.
A nivel local, la Relatoría ha recibido reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos «colectivos». También se ha denunciado la circulación de listas con nombres, fotos e información personal de líderes, miembros de mesas electorales, testigos y periodistas para facilitar su detención. Estas acciones forman parte de una creciente estigmatización de periodistas y medios independientes, quienes son calificados por funcionarios públicos como «golpistas», «cómplices», «operadores de la derecha fascista» y «terroristas financiados».
Debido al creciente temor y la amenaza de criminalización en Venezuela, la RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad.
Represión digital y cierre de espacios informativos
La Relatoría Especial advierte sobre la criminalización y represión de las expresiones en redes sociales, así como el uso de tecnología de vigilancia para perseguir y censurar. Según información pública, altos funcionarios han acusado a plataformas accesibles de ser «multiplicadores del odio» y promueven leyes que etiquetan a quienes critican el régimen en línea como «fascistas», «neofascistas» o «ciberfascistas». Además, se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos. En una transmisión en vivo, Nicolás Maduro también ordenó el bloqueo y desinstalación de aplicaciones, fomentando herramientas que comprometen la seguridad y privacidad de las personas usuarias. Esta situación ha obligado a que periodistas eviten mostrar los rostros en manifestaciones y a adoptar medidas para proteger su identidad y mantener el anonimato.
Igualmente, la CIDH y su RELE han sido informadas sobre campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas. Además, se han denunciado la producción de contenidos audiovisuales que retratan a críticos como criminales, quienes también serían obligados a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia, como actos de escarnio público.
El bloqueo extensivo de sitios web ha impuesto un cerco informativo que limita el acceso a contenido crítico y favorece la versión oficial de los resultados electorales. Esta censura afecta la viabilidad económica de los medios y restringe gravemente el ecosistema informativo en Venezuela. En este contexto, la deportación de equipos de prensa internacionales, como el de TVN de Chile, y las acusaciones de Nicolás Maduro contra la prensa internacional, exacerban la opacidad y deterioran la pluralidad informativa. La RELE advierte que la presencia de medios internacionales es crucial para garantizar la transparencia electoral y movilizar el apoyo diplomático y humanitario necesario para abordar la crisis de derechos humanos en el país.
La RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado no solo están dirigidas a la persecución de sectores específicos, sino que instauran un clima de miedo e intimidación generalizado, con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder. A esta grave situación se suma la reciente sanción de la “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”.
Por lo tanto, la Relatoría Especial insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:
Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;
Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;
Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;
Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;
Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.
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