En Puerto Rico «continúan» los tropiezos en los casos de «acceso a información», obligando a la prensa y a los ciudadanos a acudir a la justicia para obtener información oficial, mientras que la pandemia ha hecho mella en los medios por la falta de ingresos, concluyó el informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este miércoles en Estados Unidos.
En el informe sobre Puerto Rico de la SIP, que celebra su reunión de medio año, la organización periodística se hace eco de la entrada de un nuevo gobierno, presidido por Pedro Pierluisi, con «promesas de mayor transparencia gubernamental».
Recuerda además que mediante la Resolución 199 de la Cámara de Representantes, se investiga el cumplimiento y resultado de la implantación de las leyes 122 de 2019, «Ley de Datos Abiertos», y la 141 de 2019, «Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública», ya que muchas de las peticiones por información pública son denegadas.
El director del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico -entidad encargada de implementar la política pública de la Ley de Datos Abiertos- indicó que la totalidad de las agencias del gobierno no cumple con el nombramiento de un Oficial de Datos como exige la Ley de Datos Abiertos.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó en los tribunales contra al Departamento de Salud para obtener una lista desglosada de la distribución de las vacunas de la covid-19 recibidas por el Gobierno y el Registro de Vacunación.
Otra demanda contra el gobierno pidió la divulgación de los datos de los salarios de los empleados y empleadas del municipio de San Juan desde 2009 al presente.
La prensa también demandó información sobre el uso de fondos federales en obras de recuperación tras desastres naturales.
Los tribunales han desestimado peticiones para conceder carácter confidencial a información del gobierno.
Otro proyecto busca crear la «Ley para garantizar la Participación, el Compromiso y la Expresión Ciudadana en Asuntos de Interés Público» para proteger los derechos de libertad de expresión y de prensa cuando se ejercen en el contexto de asuntos de interés público.
Además rememora que en el Senado se ha presentado un proyecto de ley con el fin de prohibir la práctica de las terapias de conversión, destinadas a miembros de la comunidad LGTB+ para que adopten una orientación y estilo de vida heterosexuales, que derivó en debates de opinión y en una controversia con un periodista del diario «El Nuevo Día».
Representantes del nuevo partido ultra conservador «Proyecto Dignidad» han expresado por múltiples vías su oposición al proyecto, incluyendo la senadora Joanne Marie Rodríguez, quien argumenta que el proyecto no protege a nadie, sino más bien coarta la libertad religiosa que tienen personas LGBT+ para buscar ayuda en su iglesia y que esta le provea la ayuda espiritual que necesiten.
Uno de los periodistas del periódico, Benjamín Torres, publicó en sus redes sociales que la evidencia médica y científica establece que estas terapias de conversión no tienen credibilidad ni utilidad clínica, y que el referido «Proyecto Dignidad» lo que realmente reclama es el derecho de los padres a torturar a sus hijos.
La senadora solicitó a los editores del periódico consecuencias por acusar a su partido de fomentar la tortura a los hijos.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) rechazó las aseveraciones de la legisladora y «El Nuevo Día» respaldó a su periodista.
«Las restricciones por la pandemia y la consecuente caída de ingresos en muchos renglones (restaurantes, centros comerciales, ventas al detal) han afectado a los medios de comunicación de forma particular, lo que a su vez tiene consecuencias directas e incide sobre la labor periodística», remarca la SIP.
EFE
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