La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó este miércoles por primera vez a dos personas para que el Gobierno mexicano garantice su tratamiento contra el VIH en medio de una crisis de desabasto de medicamentos.
EFE
La sentencia obligará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Estado a garantizar que las personas amparadas reciban el tratamiento médico oportuno, afirmaron las asociaciones México Igualitario y Centro de Orientación e Información de VIH/Sida (COIVIHS).
«La Corte sostuvo que en materia de salud, el Estado tiene una obligación de no solo garantizar la asistencia médica, sino de brindar un tratamiento adecuado, de manera oportuna, ininterrumpidamente y en el caso de enfermedades crónicas o síndromes, de forma vitalicia», indicaron en un comunicado.
El fallo, aprobado por unanimidad en la Primera Sala de la SCJN, ocurre en medio de las protestas ciudadanas contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por desabasto de medicamentos en el sistema público de salud.
Además, por iniciativa del presidente, el Congreso aprobó el mes pasado desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como el de enfermedades catastróficas, para que el Gobierno disponga de sus 33.000 millones de pesos (más de 1.600 millones de dólares).
En México hay casi 313.000 personas seropositivas a VIH y las asociaciones denuncian que cerca de la mitad de ellas dependen del Fondo de Salud para el Bienestar.
Con la sentencia de este día, argumentaron, se ha reconocido que la falta de tratamiento antirretroviral en el IMSS «viola su derecho a la salud».
«El proyecto de sentencia aprobado enfatiza los compromisos internacionales y nacionales que el Estado tiene para garantizar el respeto del derecho a la salud para todas las personas, pero en especial a las que viven con VIH», indicó el boletín.
Aunque el fallo solo amparó a dos derechohabientes del IMSS, las asociaciones señalaron que la Primera Sala estableció los estándares de protección del derecho a la salud de las personas que viven con VIH.
Además, la Suprema Corte indicó que el Estado debe comprobar que ha implementado medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de otra índole para atender el problema de desabasto.
«En caso de que los recursos del Estado sean insuficientes, por tratarse de violaciones a derechos fundamentales debe solicitar la ayuda internacional, de lo contrario estará violentando derechos humanos y discriminando a las personas que viven con VIH», advirtió el comunicado.
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